Abelardo Medellín
Acuerdos entre los grupos inmobiliarios y funcionarios del Gobierno Federal, impusieron la modificación al proyecto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, que permitirá urbanizar más de mil 800 hectáreas, afirmaron a través de un comunicado los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y Comuneros de San Juan de Guadalupe en Resistencia.
Luego de que comuneros de San Juan de Guadalupe sostuvieran una asamblea este domingo 11 de julio, los Guardianes de la Sierra lanzaron un comunicado donde valoraron que el acuerdo al que se llegó solo beneficia al “cartel inmobiliario”, bajo el argumento de que “son los comuneros los que deciden”.
Asimismo, los firmantes del comunicado afirmaron que “los barones del cemento”, impusieron su capricho gracias a un operativo de seguridad y “con piquetes de la policía ministerial”.
También se informa que: “algunos de los comuneros inconformes fueron desalojados y cargados por policías estatales para luego, después de estos actos de intimidación, votar el acuerdo”.
Los Guardianes de la Sierra afirmaron que el incluir 11 mil 807 hectáreas al ANP es “lo de menos”, ya que el verdadero negocio por el que se han hecho los acuerdos, reside en las mil 805 hectáreas que “precisamente, son las que motivaron la movilización social que provocó el compromiso de Andrés Manuel López Obrador”.
En el comunicado se explica que el acuerdo de la asamblea asemeja a un “acto ruin, al viejo estilo del priismo decadente, que manipulaba la voluntad de los ejidos y comunidades, que los sometía a cacicazgos y los forzaba a tomar acuerdos a favor de fraccionadores y depredadores ambientales”.
El movimiento Guardianes de la Sierra de San Miguelito, agregó que el acuerdo al que llegó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mismo que permitirá urbanizar casi dos mil hectáreas, viola de facto dos áreas naturales protegidas que son el Área Natural de Protección a la Cuenca Hidrológica (ANPCH) y el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga (Anppre), que se encuentran establecidas desde el año 1993 y 2003 respectivamente.
Como ya se había dado a conocer desde la semana pasada, los movimientos informaron a través de su comunicado que ya se prepara la defensa jurídica y social contra estos acuerdos.
