Carlos Rubio
Hace dos años, Liliana Guadalupe Mejía Elizondo logró dimensionar el nivel de corrupción que hay en el Poder Judicial de San Luis Potosí; 10 días bastaron para que fueran desvirtuados sus 27 años de trabajo en el servicio público. Tras haber sido el blanco de un elaborado fraude al interior de un Juzgado, perdió el interés por intentar arreglar el podrido sistema de justicia; ahora vislumbra formar niños, jóvenes y adultos que cambien el futuro de miles de personas que, como ella, fueron inculpadas injustamente.
Para Liliana es difícil contar otra vez lo que sucedió en marzo de 2016, cuando asumió el cargo de secretaria de Acuerdos en el Juzgado Quinto del Ramo Penal, pero no imposible. Su impecable paso como ministerio público en Charcas, Ciudad Valles y por los juzgados de Venado, Matehuala y La Pila, le permiten hablar, sin tapujos, de su caso.
Hace más de un mes que Samuel, su hijo cineasta, le hizo una propuesta a Liliana: hacer un documental que exhiba la injusticia de la que fue víctima, para seguir haciendo eco del suceso que le quitó su trabajo y le dejó deudas que la obligaron a cambiar de casa, en la periferia de la ciudad, a más de 50 minutos del Centro en automóvil, donde nos hemos reunido para iniciar la grabación y escuchar su historia.
Antes de convertirse en secretaria de Acuerdos, Liliana era agente del ministerio público. Su primera adscripción fue en Charcas, municipio localizado a dos horas de la capital, en el Altiplano potosino. Su trabajo de investigación durante 19 años la acercó con innumerables víctimas y la llevó a sentir el dolor de cada una de ellas. Dedicaba día y noche a construir cada alegato en defensa de sus hallazgos.
Pese a que ser agente del ministerio público era su vocación, la necesidad de tener una mejor remuneración para mantener a sus dos hijos, la hizo buscar nuevos retos. Concursó por un cargo en el Poder Judicial, el cual se ganó tras acreditar exámenes escritos y prácticos, de esta forma se convirtió en secretaria de Acuerdos.
Su primera tarea: limpiar de corrupción y rezago el Juzgado Penal del municipio de Venado, situado al norte de la capital, a una hora y media en automóvil. El compromiso de Liliana era tal, que cambió de residencia para cumplir cabalmente con el trabajo que se le encomendó.
“Me fui a Venado; puse en orden el Juzgado. Me aventé a todo el pueblo encima. Todo el juzgado me odiaba. Al final de 11 meses el Juzgado estuvo listo y me cambiaron”.
Meses antes de ser transferida, sus antiguos compañeros en el Juzgado Quinto Penal le enviaron mensajes: “Licenciada, hay una oportunidad en el Juzgado, le vamos a decir al juez que la pida”.
El Juzgado Quinto Penal se encuentra en la capital, en el recinto conocido como Ciudad Judicial, donde Liliana estuvo adscrita como agente del ministerio público, por lo que, significó la posibilidad de regresar. “Semanas después mis compañeros me dicen: ‘Licenciada el juez ya la pidió”. Este quizá fue el mensaje que determinaría su futuro para los próximos años, el que nos tiene hoy sentados frente a ella con dos videocámaras grabándola y tres luces apuntándole.
Samuel vive en Guadalajara y es el fin semana que ha venido a San Luis Potosí para producir el documental. Sentado frente a su madre, escucha una vez más la historia que desde hace dos años acecha el futuro de su familia; sobre un sillón descansan los dos perros que terminan de adornar la acogedora casa de Lili, donde abundan las plantas y las pequeñas figuras artísticas que posan sobre los estantes. El color blanco predomina en el lugar, seguido del olor a café de los muebles. A pesar de estar encerrados, las largas hojas verdes que nos rodean refrescan la sala y el comedor.
Un compendio de libros en una mesa parece ser la única señal de que Liliana es abogada, porque de aquella carrera que ejerció durante 27 años, no queda más que un amparo que sostiene la esperanza de que se haga justicia en su caso. El enfoque de sus días ahora está en otro ámbito; uno que encontró para sobrevivir.
Liliana llegó a Juzgado Quinto Penal el 1 de marzo de 2016. Desde aquel día comenzó a perpetrarse un elaborado plan que la volvía una de las principales responsables del robo de billetes de fianza, y no dejaba rastro de los autores.
Su primera instrucción fue terminar con el rezago en los expedientes de detenidos, sin tocar la parte administrativa. Al poco tiempo se dio cuenta de que le era imposible continuar y no por falta de capacidad, sino, por un impedimento legal:
“Me di cuenta al octavo día que había tal rezago, que había expedientes con detenido en los estaba mi firma como agente del ministerio público y abajo mi firma como secretaria de Acuerdos. Cuando yo veo eso digo: ‘Esto no está bien, porque si fui agente del ministerio público y acá soy secretario, hay parcialidad”.
Al noveno día acudió al Consejo de la Judicatura y explicó la situación. Le ordenaron tomar vacaciones para solucionar su caso y enviarla a otro Juzgado. El décimo fue su último día en el Juzgado Quinto.
Una vez que regresó de vacaciones estaba adscrita al Juzgado Sexto, donde vivió una ríspida relación laboral con el juez, “estuve algunos meses y pidió mi cambio”. Después de eso, Liliana fue enviada al Juzgado Regional de Ejecución; más adelante, en el 2019, llegó al Juzgado Familiar de Matehuala, donde fue su último trabajo en el servicio público, antes de ser inhabilitada por 10 años.
Mientras trabajaba en Matehuala, Liliana solicitó billetes de fianza al Juzgado Quinto Penal, su antiguo lugar de trabajo. Sin embargo, estos aparecieron cobrados y con su firma en ellos. En total, seis billetes de fianza fueron cobrados durante los 10 días en los que Liliana trabajó en aquel Juzgado, y pese a que, en ese entonces se le ordenó no tocar lo administrativo, se vio involucrada en el asunto.
El 21 de agosto de 2019 fue el último día de Liliana en el Poder Judicial. Luego de eso inició el tortuoso camino de un juicio que, mediante un peritaje, resolvió que su firma no era la que aparecía en los billetes ni fue ella quien los cobró, sin embargo, se le sentenció a 10 años sin poder ejercer un cargo en el servicio público, ¿la razón? No haber cuidado los valores del juzgado.
Liliana fue acusada junto a otros trabajadores, mientras que los verdaderos estafadores continuaron cobrando billetes de fianza, con la complicidad de una persona en el área de Recursos Financieros, ya que ahí expedían los cheques que posteriormente se cobraban en los bancos.
“Yo no lo podía creer, que me hubieran sentenciado de esa manera. Me sentía Rosario Robles y sin un peso en una bolsa (…) Me quedé sin mi trabajo, con el trabajo que yo había hecho la lucha para tener (…) Deudas, prestamos y de una quincena a otra, no hay chamba”.
En ese entonces el titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado era Juan Paulo Almazán Cue, quien carga una extensa lista de irregularidades como nepotismo, violaciones a los derechos laborales y humanos, y omisiones.
“Esa sentencia vino de un presidente del Tribunal (Almazán Cue) que no sé qué tiene en la cabeza. Quiso dictar una sentencia para decirle a la sociedad potosina: ‘Ya castigué a la corrupción en el Poder Judicial’, cosa que no es cierto, me castigó a mí, porque los rateros ahí están, en el mismo Juzgado, es indignante”.
El titular de una noticia en un medio de información apodó a Liliana como la “roba fianzas”, sobrenombre que hasta el día de hoy permea sus recuerdos y los de su hijo, al grado de que le ha quitado oportunidades laborales y se convirtió en el título del documental.
Liliana llora al explicar cómo se perpetró la estafa en el Juzgado, pero no es tristeza, es enojo y rabia lo que emana de sus ojos; es recordar que sus compañeros, las mismas personas que solicitaron que la transfirieran al Juzgado, fueron quienes terminaron por destruir su carrera; es Samuel que, junto a su hermana, también se vio afectado por la perdida del trabajo de su madre; es el sistema que absorbe a las personas y luego las desecha como un sustituible objeto de oficina.
“No solo es lo laboral, sino, salir con esa etiqueta después de tantos años de trabajo, de cuidarme, de no aceptar dinero, de vivir bien limitada, de esfuerzo, de desvelos, de injusticias, de cambio de adscripción, de guardias, de peligros, de tantas cosas para terminar siendo catalogada como una irresponsable, una ‘roba fianzas”.
Una ola de depresión asestó contra Liliana, que se mantuvo un mes en cama, cuestionándose si en algún momento pudo haber evitado el robo, pero la conclusión era la misma: ni el mismo presidente habría percibido tal emboscada.
La vida en la administración pública le reafirmó algo a Liliana: ni si quiera siendo parte del sistema puedes cambiarlo desde adentro, la corrupción es tan invasiva, que es capaz de derrocar a los más firmes ideales, pero encontró otra salida: trabajar con personas, desde su formación, desde su niñez, cuando aún se pueden inculcar valores.
Una vez en pie, Liliana creó el Rincón Secreto, un espacio dedicado a las siete bellas artes, donde los niños son entretenidos mientras aprenden pintura, música, cine, literatura, escultura y desarrollan habilidades de coordinación y trabajo en equipo, con el fin de que se alejen, aunque sea durante una hora, del mundo digital.
Logró rentar un local pequeño que no son más que cuatro paredes blancas que Liliana convirtió en un mar de colores; no hay espacio que no esté tapizado por una pintura creada por un niño; no hay tiempo de descansar la mente, siempre hay un punto al cual mirar donde destacará una pieza que se vende en 10 o 20 pesos, porque cada niño puede poner a la venta sus creaciones.
Su deseo es dar clases en alguna universidad para “enseñarles a los jóvenes que el derecho no solo es la ley escrita y el juzgado y ganar lana, sino, llegar a ser magistrado, pero para de verdad servir, no para enriquecerte y estar chingando gente a lo pendejo”.
A pesar de que a Liliana se le nota feliz mientras pasa el tiempo con los niños del Rincón Secreto, aún tiene un pendiente que resolver en los Juzgados: promovió un amparo que le permitiría volver a ser sentenciada, después, un recurso de revisión para asegurarse de que se tome la mejor decisión en su caso; de resolverse a su favor sería reinstalada en su cargo.
El asunto está en el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa desde abril, pero no avanzó hasta que Liliana acudió a la Ciudad de México y presentó un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidencia de la República; dos días después, su caso fue turnado a un magistrado y estaría a poco tiempo de resolverse.
Casi una hora después de haber iniciado la grabación, finalmente las cámaras se apagan. Liliana puede librarse de la presión de ser el centro de atención, pero continúa dialogando conmigo: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta recuperar mi trabajo”, dice con la determinación de quien pondrá en jaque, una vez más, la credibilidad de sistema de justicia de San Luis Potosí.
