Por Victoriano Martínez
Vecinos de Noria de San José reconocidos como víctimas en tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciaron probable tráfico de influencias, cohecho y corrupción por parte del Fiscal General Federico Garza Herrera y 22 ministerios públicos por un trato diferenciado a sus denuncias y las que contra ellos han interpuesto funcionarios que los afectaron.
Dos de los afectados presentaron escritos en los que relatan la forma en que en la Fiscalía llevan más de cuatro años sus denuncias por el despojo y violencia por parte de la empresa American Industries, apoyada por Julio César García Meléndez y Oscar Candelas Reyes, quienes eran funcionarios públicos al momento de la agresión y fueron empleados en la Procuraduría.
Los afectados afirman en su escrito que García Meléndez y Candelas Reyes, por instrucciones de Luis Lara Armandariz, representante de la empresa, promovieron el año pasado denuncias en contra de las familias de Noria de San José para criminalizarlos, a pesar de que ya están reconocidos como víctimas.
“Esas de inmediato fueron judicializadas, y sin embargo nuestras carpetas que ya llevan cuatro años se han dedicado a simular y determinar el no ejercicio de la acción penal, negándose a llevar cabo las, diligencias, actos de investigación, recabar datos de prueba y entrevistas para acreditar los hechos delictivos”, expuso Griselda Haro, quien también es una de las afectada.
En sus escritos señalan presunto tráfico de influencias en el que podría involucrado el propio Fiscal Federico Garza Herrera, porque mientras en sus casos, que fueron iniciados en 2016, cuando reclamaron por la falta de actuaciones, se apresuraron declarar el no ejercicio de la acción penal incluso sin realizar las diligencias necesarias.
En cambio, los promovidos por la empresa por abogados que fueron funcionarios en la Procuraduría y, por tanto, tuvieron relación de compañeros con los agentes del ministerio público, rápidamente las han judicializado, a pesar de que ellos tienen reconocido el carácter de víctimas.
Algunos de los ex funcionarios que siguen litigando a favor de la empresa han sido sancionados por la Contraloría Estatal por ese doble papel, pero las víctimas de Noria de San José sospechan que los expedientes de las sanciones se integran mal para que los castigados tengan oportunidad de invalidar la sanción con algún recurso.
Señalaron que tras las arbitrariedades que han padecido desde junio de 2016 tras el desalojo violento que enfrentaron, el gobernador Juan Manuel Carreras López les pidió denunciar los abusos por parte de los funcionarios.
“Nos indicó que presentáramos todas las denuncias pertinentes contra sus funcionarios, lo cual hemos hecho, llevamos más de 20 denuncias tanto en Contraloría General, como en la propia Fiscalía General”, mencionó Haro.
Consideró que ya llevan cuatro años sin derecho a la justicia y a la verdad, por lo que piden a Carreras López que revise el actuar de sus funcionarios, y al Congreso del Estado que haga comparecer a Garza Herrera para que se le cuestione sobre el caso de las víctimas de Noria de San José.
Indicó que resulta un contrasentido que se señale a Garza Herrera por presunto tráfico de influencias y él mismo sea que de la instrucción al encargado de la Fiscalía Anticorrupción para que lo investigue y le rinda un informe del resultado en 15 días.
