Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios de La Pila denunciaron actos de falsedad y corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jorge Nuño Lara, quien se presume llegó a un acuerdo con los grupos empresariales para avalar la ocupación de las tierras para construir la ampliación del Libramiento Oriente.
Después de casi un año de que la SICT negara tener información sobre la firma de un convenio de ocupación previa en 30 hectáreas ejidales con la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) S.A. de C.V., a través de un juicio agrario tuvieron que reconocer haber llevado a cabo el mismo sin el aval de la Procuraduría Agraria.
En una entrevista con el periodista Julio Hernández, Joana Berenice Arciso Gómez, hija de ejidatarios de La Pila, así como el activista Carlos Covarrubias, indicaron que la SICT tuvo que reconocer que sí firmaron el convenio, pero no entregan las copias de los documentos, bajo el argumento de que se encuentran certificándolas.
“De manera sorpresiva nos dicen que lo que estuvieron negando de manera oficial, con documentos que pasan por el tamiz de las direcciones de transparencia, donde decían que jamás circuló esa cantidad de dinero, que jamás tuvo conocimiento SICT, que no está autorizada la obra. Ahora nos dicen de un día para el otro que siempre sí, ocultando información de manera sesgada, irregular”, dijo el activista.
Asimismo, Covarrubias Rendón consideró que Jorge Nuño Lara llegó a un acuerdo con los grupos empresariales para avalar la ocupación de las tierras, pues se trata de un proyecto de miles de hectáreas, además de que quienes se enriquecerán con la ampliación del Libramiento, los empresarios de META, son afines a Claudio X. González.
“Lo que sucedió es que el señor Nuño llegó a un acuerdo definitivamente con los grupos empresariales para avalar la ocupación de las tierras, como punta de lanza de un proyecto de privatización de miles de hectáreas, porque no es un tramo de una carretera nada más, son miles de hectáreas que se piensan poner a la disposición de grupos de poder económico (…). Llama la atención que esos grupos de poder factico que se van a enriquecer con la construcción de esa carretera y con la privatización de la tierra, son grupos afines a Claudio X. González”.
El activista indicó que las pruebas de dicha corrupción se encuentran en documentos oficiales, en los que funcionarios federales dicen no tener información sobre el convenio en oficinas centrales y sugieren se busque en el Centro San Luis Potosí.
Sin embargo, en el ámbito estatal se dice todo lo contrario, que está en la Dirección General de Desarrollo Carretero en la Ciudad de México, lo que contrasta con la declaración del director jurídico del Centro SICT San Luis, Antonio Toranzo Díaz de León ante el Tribunal Unitario Agrario.
Por su parte, Arciso Gómez hizo mención de que la SICT los ha tratado “como unos ignorantes”, pues en un momento los funcionarios dan una versión y posteriormente les dan otra, y los ejidatarios tienen pleno conocimiento de que un convenio de esa naturaleza no se hace de un día para otro, sino que lleva un proceso, el cual la dependencia negó.
Asimismo, indicó que también hay complicidad de parte de diputados de la LXIII Legislatura, como Antonio Lorca Valle, quien se ostenta como ejidatario, y junto con otros empresarios se han convertido en dueños de La Pila.
Covarrubias Rendón informó que el Juez Sexto de Distrito ya les otorgó a los ejidatarios la suspensión de ese contrato, por lo que la SICT estará obligada a entregar toda la información.
“Esto va a provocar que el Gobierno Federal sea juzgado por situaciones que han hecho estos funcionarios a gente que los ha apoyado toda la vida, y que un juez federal va a tener que definir si es legal o no este tipo de tranzas desde la SICT”.
