María Ruiz
Las políticas impulsadas en los primeros días de la administración del presidente Donald Trump han generado un impacto en el financiamiento de organizaciones no gubernamentales internacionales y radicadas en Estados Unidos, que a su vez afecta a diversas ONGs y asociaciones civiles de San Luis Potosí.
Estos recortes, que han implicado la cancelación de fondos de ayuda humanitaria, han puesto en riesgo proyectos esenciales que favorecían el desarrollo comunitario y la defensa de los derechos humanos en la región.
La afectación se ha extendido a recursos que provenían de organismos como Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, fondos que en su momento financiaban iniciativas a través de entidades como el Pan American Development Fund (PADF) y el Solidarity Center y Partners of the Americas.
Estos organismos canalizaban apoyos a organizaciones locales, incluyendo aquellas dedicadas a la promoción de la democracia sindical, la igualdad, la prevención del acoso sexual y laboral, y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia penal.
La abogada Fátima Patricia Hernández Alvizo, integrante de la asociación civil Luminas Centro de Derechos Humanos, lo explicó de la siguiente manera:
“El tema de los fondos internacionales que Estados Unidos cancela son fondos de ayuda humanitaria y todo esto se da en los primeros días de gobierno de Trump. Estas órdenes del Ejecutivo se dan no solamente a los departamentos que en México sean muy parecidos a secretarías, sino también a toda instancia que esté trabajando con fondos que provengan del gobierno norteamericano. Esto ha significado que se hayan caído financiamientos, no solo de USAID, sino todo lo que tenga que ver con ayuda humanitaria. Por ejemplo, el Temec posibilitaba la cooperación internacional, y esto una de las cosas que hacía Estados Unidos era proporcionar recursos, principalmente a tres organizaciones norteamericanas, el Pan American Development Fund, el PADF, el Solidarity Center y Partners of the Americas“.
Hernández Alvizo agregó que estos recursos financiaban a organizaciones locales y otras entidades enfocadas en la promoción de derechos laborales y humanos, las cuales han sido cruciales en la consolidación de procesos democráticos independientes en México, especialmente tras la reforma del 19.
Además, señaló que la disminución del financiamiento, en particular el que proviene de programas de USAID destinados a fortalecer la justicia penal y proteger a periodistas y defensores, ha complicado la labor de organizaciones.
La abogada enfatizó que la salida de estos fondos representa un serio desafío para el fortalecimiento de capacidades locales, poniendo en riesgo el trabajo de protección y promoción de derechos en un contexto en el que la ayuda internacional era determinante para el avance de proyectos en beneficio de la comunidad.
Así, los recortes derivados de las políticas de Donald Trump no solo han afectado la cooperación humanitaria, sino que han generado incertidumbre sobre el futuro de iniciativas que, en su momento, contaban con un respaldo financiero significativo por parte del gobierno de Estados Unidos.
