Por Victoriano Martínez
Hoy será el tercer día de manifestaciones de trabajadores jubilados y activos del Poder Judicial del Estado para reclamar el pago de prestaciones tan relevantes como la del servicio médico y pensiones.
No es la primera vez que queda expuesta la insensibilidad de la actual administración estatal con respecto a aspectos que pueden resultar tan graves como dejar sin posibilidades de una atención médica no sólo a los trabajadores activos, sino a los jubilados que, por su condición de grupo vulnerable al ser de la tercera edad, cuenta con agravantes.
El 2023 comenzó con una manifestación por parte de trabajadores del Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Temazcalli, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Centro de las Artes y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para exigir el pago de las prestaciones que les adeudan desde 2022.
En febrero del año pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reaccionó ante la resolución de un amparo que ordenó su reincorporación de los burócratas al IMSS con la cancelación unilateral del servicio médico privado, lo que provocó que los enfermos fueran retirados del hospital privado donde eran atendidos.
“Lo único que están haciendo es cavando su tumba política y laboral”, fue la reacción de Gallardo Cardona sobre el amparo mientras literalmente puso en riesgo la vida de varios burócratas, incluso de casos en los que se suspendieron intervenciones quirúrgicas.
“Es inadmisible que el gobernador siga violentando los Derechos Humanos de sus empleados, desacatando las leyes y exponiendo la vida de sus ciudadanos”, señaló entonces Rosario García Leija, vocera del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).
Cuatro meses después, jubilados de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado protestaron ante el Congreso del Estado para exigir el pago de su finiquito y bono por antigüedad a 69 extrabajadores a la vez que denunciaron ser desplazados por el SUTSGE en las negociaciones con las dependencias correspondientes.
Todo indicaba que el conflicto iniciado en el mes de febrero seguía un cauce de negociación, aunque con algunos pendientes sobre adeudos a trabajadores de algunas áreas.
Este miércoles 7 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial del Estado iniciaron manifestaciones para reclamar los mismos adeudos: prestaciones y servicio médico. Advirtieron que, si no se cumple con el pago, tomarán medidas más drásticas contra la actual administración.
Por lo pronto, la noche del miércoles al jueves decidieron instalarse en la explanada y pernoctar allí para visibilizar su demanda.
“El servicio médico nos lo han quitado, y hay personas con serios problemas de salud que no son atendidas porque el gobierno no ha pagado”, expusieron.
No se han denunciado casos de enfermos que hayan sido retirados de hospitales privados por una razón lógica: al no contar con el servicio médico ya ni los reciben. Peor, en el caso de los jubilados a quienes deben su pensión los dejan sin la posibilidad de solventar sus gastos médicos.
Expusieron que el transcurso de estos dos años, algunos jubilados han fallecido, esperando el pago de su pensión, situación que consideraron injusta e inhumana; otros más se encuentran enfrentando enfermedades de gravedad sin poder solventar los costos de sus servicios médicos.
En enero de 2023, ante los reclamos de los burócratas de distintas áreas, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas se echaban la pelota y no resolvían.
“Se echan la pelotita entre el director General de Egresos, Omar Valadez Macías y el secretario de Finanzas, Jesús Salvador González, fingiendo no saber dónde está el recurso. Este es un recurso presupuestado anualmente, es un recurso que no puede destinarse para ninguna otra actividad”, expusieron entonces los trabajadores.
Hoy el reclamo es sólo de los trabajadores del Poder Judicial. Jesús Salvador González ya no está, pero fue suplido por el entonces otro pelotero, Valadez Macías, quien seguramente ahora hace malabares con la pelotita para fingir no saber dónde está el recurso que presupuestalmente no puede cambiar de destino.
La movilización en el Poder Judicial representa un recordatorio de que la animadversión del gobernador Gallardo Cardona contra los burócratas sigue vigente, y su mayor manifestación es desviar y apropiarse de las cuotas de los trabajadores a la Dirección de Pensiones, tratar de negarlo y desviar la atención con presuntos fraudes.
“No se vale que nos quiten lo que por derecho nos corresponde”, fue una de las expresiones de los trabajadores del Poder Judicial en su protesta. Hoy fue el turno del Poder Judicial, como antes de otras dependencias. ¿Acaso la agresión a los burócratas por parte de la actual administración se ha diluido en agravios aislados para evitar reclamos mayores?
Al iniciar la protesta el miércoles advirtieron que tomarán medidas más drásticas. Si les han quitado derechos y cuotas (cantidades en efectivo que les pertenecen) por más de dos años, ¿cuánto tiempo más están dispuestos a soportar antes de recurrir a las medidas más drásticas? ¿Cuántas de esas medidas tendrían que ser tomadas por toda la burocracia?
