Por Victoriano Martínez
Durante prácticamente 15 años, Aguas del Poniente Potosino incurrió en causales de revocación de la concesión para prestar el servicio de agua potable en la zona poniente de la ciudad sin que cinco exalcaldes (Jorge Lozano, Victoria Labastida, Mario García, Ricardo Gallardo y Xavier Nava) hicieran valer la Ley de Aguas del Estado.
Este jueves, a 16 días de su vencimiento, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció en rueda de prensa, acompañado por directivos de Aguas del Poniente, que la concesión concluye, y se inicia un periodo de entrega-recepción que podría tardar hasta ocho meses.
“Hoy la ciudad recupera la concesión con la generosidad de Aguas del Poniente, y nosotros nos comprometemos a hacer una administración transparente, cuidada, que no falle, de mucha calidad, y también porque no decirlo si este modelo funciona, lo vamos a promover para aplicarlo en otras partes de la ciudad”, expresó Galindo Ceballos.
Reconocimiento y compromiso como discurso protocolario políticamente correcto por parte del alcalde, pero que en los hechos son inaplicables e innecesarios.
La generosidad de Aguas del Poniente nada tiene que ver con la entrega de la infraestructura y bienes materia de la concesión al Ayuntamiento porque eso aparece como una obligación en el apartado respectivo del acuerdo de Cabildo que la otorgó.
Más aún, la obligación de entregar al Ayuntamiento “las obras y demás bienes del concesionario destinados directa o indirectamente a la prestación de los servicios públicos” también aparece en el artículo 123 de la Ley de Aguas del Estado, con una obligación adicional en su segundo párrafo.
“Los concesionarios estarán obligados a capacitar al personal de los prestadores de los servicios que los sustituyan en la administración, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos, las obras y bienes concesionados”.
En todo caso, si Galindo Ceballos hace referencia a una generosidad, ésta sería –si así se le pudiera considerar– no haber pretendido prorrogar la concesión.
El compromiso de “una administración transparente, cuidada, que no falle, de mucha calidad” para el área de la concesión “recuperada” está de más si se toma en cuenta que son las mismas características con las que debe trabajar la autoridad para garantizar el servicio a toda la ciudad, a menos de que se trate de una confesión de que se mantendrán zonas de privilegio por vía distinta.
Una zona de privilegio que nació hace 15 años, a decir de Carlos López Medina, representante de Aguas del Poniente, como una concesión obligada porque “no teníamos ningún interés nosotros en entrarle al tema del agua”.
“CEAPAS nos dijo que allá no había posibilidades de dar servicio de agua y la única posibilidad que se dio para realizar todo el crecimiento fue a través de una concesión, no era algo previsto por nosotros, fue en cierta manera una concesión que nos vimos obligados a pedir”, aseguró.
Una concesión obligada que contribuyó a darle mayor valor a los 2 mil 168 lotes para los que se pidió contar con poder prestar ellos mismos el servicio de agua potable y por la que se cabildearon reformas a la Ley de Aguas para hacerla posible y, una vez autorizada, se promovió un amparo para evitar la intervención del Congreso del Estado, que podría desautorizarla.
Un amparo que tuvo como efecto que no se firmara el título de concesión y se ignoraran las condiciones en las que el Cabildo la aprobó el 23 de diciembre de 2008, entre las que se encuentra el pago de la contraprestación que, en 15 años, no ha sido cubierto, a pesar de ser una de las causales que marca la ley para la revocación.
“Aún no está cuantificada [la deuda] porque había una fórmula específica que, desde el punto administrativo, ya están trabajando en ella. Aguas del Poniente no la desconoce y no la niega, y les aseguró que será un proceso muy transparente, pues vamos a dar a conocer el monto de la deuda y el monto pagado”, señaló estes jueves Galindo Ceballos respecto a esa falta de pago.
Acciones por parte de Aguas del Poniente que dieron cuenta del interés por obtener la concesión, que contrastan con la generosidad que hoy les reconoce Galindo Ceballos, a pesar de que en el camino de la negociación que ahora culmina con la devolución de la concesión se dejaron ver indicios de que pudo haber la intención de prorrogarla.
El artículo 118 de la Ley de Aguas prevé la prórroga “siempre y cuando el concesionario lo solicite dentro de un plazo anterior a los últimos tres años de duración de la concesión”. Si desde diciembre de 2020 Aguas del Poniente dejó constancia de su intención o no de haber presentado esa solicitud resulta incierto.
Hay funcionarios de la pasada administración que aseguran que no se presentó esa solicitud y otros que sí. Si se presentó, quedaría en duda la generosidad de la que habló Galindo Ceballos. Si no se presentó, la innecesaria carta de intención entregada este jueves por Aguas del Poniente sería al menos congruente.
La afirmación de que no se presentó la solicitud contrasta con las declaraciones en los últimos diez meses en las que funcionarios de la actual administración municipal, incluido el alcalde, en las que hablaron de un proceso de revisión sobre la prórroga o no a la concesión, porque de no existir la solicitud prevista en la ley con la anticipación debida, el proceso de revisión estaría de más.
Se trata de elementos que arrojan dudas sobre lo que podría haber detrás del convenio de transición de la concesión al Ayuntamiento. El cumplimiento del anuncio de un proceso muy transparente para dar a conocer el monto de la deuda y el monto pagado, hecho por Galindo Ceballos, resultará un indicador claro de los posibles acuerdos extra-convenio de transición.
¿Cuánto le debe Aguas del Poniente al ayuntamiento? En 2011, un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reportó un impacto económico a las finanzas del Interapas por 295 millones 909 mil 342.64 pesos como perjuicio estimado.
Los próximos ocho meses serán de prueba de transparencia para el Ayuntamiento y Aguas del Poniente para demostrar que la recuperación de la concesión se dará a la vista de toda la población, no sólo sobre la forma en que se resarcirá la omisión del pago de la contraprestación, sino otras irregularidades que también eran causales de revocación.
