Por Victoriano Martínez
La severa crisis que ha comenzado a padecer la ciudad en el abastecimiento de agua potable con el sombrío panorama que se avecina tiene el mismo origen que muchos de los grandes males de nuestro tiempo: la búsqueda de una rentabilidad muy ajena a lograr beneficios para el bien común.
Desde que a los usuarios del servicio de agua potable se les prefiere ver como clientes y no como los beneficiarios del derecho humano de acceso al agua de calidad, el líquido se convirtió en un producto para la manipulación con propósitos enfocados en obtener ventajas de politiquería electoral y en negocios altamente lucrativos.
Dos propósitos para usufructuar un servicio público que, cuando se alían para obtener las mayores ventajas y beneficios particulares y de grupo, potencian el perjuicio para la sociedad en su conjunto. Alianzas que generalmente tienen más el carácter de leyendas urbanas porque se dan en completa opacidad, pero sobre las que suele haber algunas señales abiertas.
Los meses de noviembre y diciembre se han convertido desde hace más de una década en la temporada para un debate sobre las tarifas que se aplicarán al servicio de agua potable al año siguiente en el que se privilegia el criterio de evitar incrementos impopulares.
Y es que la propuesta tarifaria surge de los equipos técnicos y financieros pero termina definida por en un Congreso del Estado donde a los diputados de los distintos partidos políticos lo que más les preocupa es evitar la inconformidad de sus potenciales electores y, en casos extremos, proyectarse como grandes benefactores que impiden que se cobre más por el agua.
Una rentabilidad de popularidad con proyección electorera con efectos en la viabilidad financiera de los organismos operadores del servicio. Un lucro que comienza a configurar los perjuicios de pervertir un servicio que debe prestarse con criterios técnicos, pero cuyas acciones se definen por criterios politiqueros.
Un criterio de popularidad que también afecta el manejo de otra de las crisis que enfrentan organismos operadores para lograr su viabilidad financiera.
Al mes de enero, la cartera de cuentas por cobrar de Interapas ascendía a mil 472 millones 679 mil 634.20 pesos (página 77), que representan el 92 por ciento de los recursos que requiere para modernizar la red hidráulica de abastecimiento en la ciudad.
Otra vez los criterios politiqueros en lugar de apoyar medidas efectivas para la recuperación de esos recursos, privilegian programas con pretensiones de popularidad como Cuenta Nueva y Borrón que provocan que por cada peso recuperado el organismo pierda nueve.
Un aspecto en el que, además, se comienza a perfilar una de las alianzas entre quienes pretenden rentabilidad politiquera y quienes buscan ganancia económica: los primeros impiden que se exhiba a los segundos, a pesar del perjuicio público que el incumplimiento de pago provoca a toda la sociedad.
El 23 de diciembre de 2008, en sesión de Cabildo, se consumó una de las mayores alianzas entre los dos tipos de rentabilidad. De manera oficiosa el alcalde Jorge Lozano Armengol reabrió el trámite para otorgar una concesión a Aguas del Poniente Potosino, cuyos socios principales son identificados como patrocinadores de campañas electorales (leyenda urbana con muchos testimonios).
Lo accidentado del procedimiento llevó el caso a que Aguas del Poniente Potosino opere por una determinación de la justicia federal que impidió la participación del Congreso del Estado para autorizar el contrato de concesión y hoy funciona sólo con el acuerdo de Cabildo que incluso incumple al no cubrir la contraprestación establecida en el dictamen de la concesión.
Lozano Armengol hizo un pago muy caro para el resto de la ciudad por el apoyo que pudo haber recibido en su campaña. No sólo rompió la posibilidad del subsidio cruzado si el Interapas administrara el servicio en la zona de influencia de Aguas del Poniente, sino que privó al resto de la ciudad del agua extraída de los mantos acuíferos con dos pozos para uso exclusivo de esa zona.
Van cinco alcaldes después de Lozano Armengol y ninguno ha revisado el caso por lo menos para exigir el cumplimiento del acuerdo de Cabildo, que incluía la contraprestación al ayuntamiento. ¿Cuánto tendría que haber pagado Aguas del Poniente al Ayuntamiento en los 14 años y tres meses que ha operado?
El acuerdo del Cabildo (página 15) señala que “dicha contraprestación será destinada a inversión de obra pública relacionada a los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en sectores de la ciudad más desfavorecidos con estos servicios”.
¿De cuántos beneficios ha privado Aguas del Poniente, con la complicidad de las autoridades municipales, a esos sectores de la ciudad más desfavorecidos?
Desde la postura de ver el agua como una mercancía muy alta y ofensivamente lucrativa resulta lógico proponer consultar a los usuarios si prefieren el abusivamente eficiente servicio de Aguas del Poniente, o el avasallado y deficiente servicio que ofrece Interapas. La trampa y el mal chiste se cuentan solos.
Desde la perspectiva del de acceso al agua de calidad como derecho humano esa disyuntiva resulta falaz y no es más que la exhibición de la voracidad comercial que busca impresionar el ánimo del público y ocultarle los privilegios indebidos a los que se aferran con una total falta de solidaridad para con sus coterráneos.
