Por Victoriano Martínez
Si en Monterrey la nota de escándalo habló sobre la Mafia del Agua, aquí, además de lo que pudiera tener de eso, un ingrediente adicional que ha contribuido al agravamiento de la crisis en el abastecimiento podría ser bautizado como la Desidia por el Agua.
Por 14 años, una empresa, Aguas del Poniente Potosinos, S.A. de C.V., ha podido hacer negocio con el servicio de agua potable para un sector de la ciudad con una interpretación a su favor de un acuerdo de Cabildo del 23 de diciembre de 2008, que autoriza concesionarle el servicio por un periodo de 15 años.
En su sitio Web, la empresa exhibe una copia certificada de aquel acuerdo de Cabildo con el título en el vínculo que la despliega “Concesión del Municipio” que, por la forma en que se presenta, hace las veces del Título de Concesión que nunca se firmó.
Si el acuerdo de Cabildo la habilita para operar la concesión, tal parece que para la empresa no cuenta el dictamen que votó el Cabildo y no lo incluye en su publicación. Tampoco incluye el proyecto de Título de Concesión que se desprende del acuerdo del Cabildo.
Se trata de dos documentos en los que se fijan las condiciones con las que debe operar la concesión y la fórmula para calcular la contraprestación obligatoria que debió cubrir desde hace 14 años al Ayuntamiento. El acuerdo del Cabildo, en su interpretación, los habilita para operar la concesión, pero no los obliga a pagar la contraprestación.
La fórmula: la cantidad de metros cúbicos que la empresa paga por extracción de agua del subsuelo a la Comisión Nacional de Agua se multiplica por 14 por ciento, y al resultado se le aplicaría la tarifa vigente del Interapas para establecer el monto cada mes.
La Ley de Aguas del Estado establece como una de las causales por las que el Ayuntamiento puede revocar la concesión cuando el concesionario “no cubre al concedente las contraprestaciones que se hubiesen establecido” (artículo 126, fracción VIII).
Los alcaldes Jorge Lozano Armengol en los primeros nueve meses de 2009, y por sus periodos completos Victoria Labastida Aguirre, Mario García Valdez, Ricardo Gallardo Juárez y Xavier Nava Palacios, y Enrique Galindo Ceballos en lo que lleva al frente del Ayuntamiento, han sido omisos para hacer valer la contraprestación.
Un Interapas urgido de recursos para hacer frente a las crisis en el abastecimiento de agua potable con una mala combinación de su actitud desidiosa para recuperar una cartera vencida que cerró el 2022 en mil 458 millones 286 mil 849.36 pesos y la desidia de un alcalde que no da señales de un mínimo esfuerzo por recuperar la contraprestación del servicio concesionado.
Hace 14 meses hubo un ligero, muy ligero, destello de que habría algún esfuerzo por recuperar el servicio concesionado, pero después nada pasó.
Tras declararse sorprendido ante la existencia de la concesión, Enrique Torres López, el entonces foráneo director de Interapas hoy ya fuera del organismo, anunció que se revisaría su legalidad y adelantó: “todo municipio que ha reclamado el recuperar el control sobre el servicio de agua potable, lo ha ganado”.
Claro, antepuso una precondición para que aquello pudiera ocurrir. Se tiene que tomar una decisión que implica voluntad política. Ya no se volvió a hablar del asunto. Después de 14 meses ya no sólo es obvia la falta de voluntad, sino que resulta latente el riesgo de que ya se trabaje el entramado para ampliar la concesión por otros 15 años.
Hace 14 años la Universidad Autónoma de San Luis Potosí calculó el perjuicio para el Interapas en 295 millones 909 mil 342.64 pesos. Es buen momento para revisar los números con hechos consumados y la adición de la falta de pago de contraprestación para determinar si se confirmó aquel pronóstico, o si fue mayor o menor el perjuicio.
Perjuicios económicos para el Interapas que repercuten en contra de todos los habitantes de la ciudad y que Torres López describió hace 14 meses: no permitir a Interapas hacer el subsidio cruzado, por ser cuentas de alto consumo dónde las tarifas deberían ser superiores, y que ese excedente no lo pueda aplicar en las áreas más pobres de la zona metropolitana.
Un panorama en el que la Desidia por el Agua por la inacción para recuperar recursos potenciales para mitigar la crisis en su abastecimiento deja ver una actitud mucho más reprobable: privilegiar, antes que el servicio a la población, los negocios con el agua.
