Leticia Vaca
La iniciativa del diputado Cándido Ochoa Rojas con la que busca que el aislamiento de personas sospechosas o confirmadas de ser portadoras por algún padecimiento contagioso sea obligatoria y se haga uso de la fuerza pública atentaría en contra de los principios constitucionales, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa.
Ochoa Rojas plantea la modificación del artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, para que la autoridad sanitaria rastree, encuentre y aisle a cualquier persona sospechosa o confirmada de ser portadora de un padecimiento contagioso. “El aislamiento irá acompañado de atención médica, lo realizará en el lugar que determine y por el plazo que considere. Para el éxito del aislamiento, se auxiliará de la autoridad de Seguridad Pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno. El aislamiento ordenado por la autoridad sanitaria impide a la persona de que se trate, a moverse del lugar determinado”.
En este sentido, López Espinosa advirtió que en el caso de que llegara a aprobarse por el Congreso local la propuesta del legislador, desde la CEDH se podría impugnar con una acción de inconstitucionalidad.
Aclaró, además, que el artículo 29 constitucional establece como podrían darse restricciones a los derechos pero desde el ámbito federal no con leyes locales.
“Toda restricción o limitación de derechos debe ser legítima, necesaria, adecuada y proporcional sobre las bases constitucionales y convencionales que rigen nuestro estado de derecho (…) La Constitución establece en el artículo 29 cuáles serían los derechos que podrían estar restringidos o limitados y cuál es procedimiento para este tipo de restricciones. Por lo que, desde nuestro punto de vista de los organismos de derechos humanos consideramos que este tipo de iniciativas podrían atentar en contra de los propios principios constitucionales y convencionales”.
