Por Edgardo Pérez Alvelais
Al tratar de justificar las fallas de la 4T, sobretodo en materia de seguridad y escándalos de corrupción como el caso de sobres amarillos con dinero a su hermano Pío y los recientes fajos de dinero a operadores y hoy cercanos de Layda Sansores, gobernadora de Chiapas, que fueron videograbados, a menudo para tratar de justificar y minimizar el daño el Presidente Andrés Manuel López suele citar al teórico marxista italiano Antonio Gramsci: “Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir”.
Lo cierto es que tanto en su gestión como en los gobiernos de los estados persisten rémoras inamovibles en las estructuras de mando. Siguen operando emisarios y operadores del pasado régimen neoliberal. Los vimos en el caso del decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito ordenada por AMLO pero desobedecida por mandos de Semarnat hasta que el Presidente dio un golpe de tablero en la Mañanera para rectificar luego de la réplica de Julio Hernández López “Astillero”.
La estrategia es sencilla y compleja a la vez. Se colocan piezas inamovibles para operar. Al “personal de confianza” lo convierten en permanente con costosas bases de nivel 13. Se enquistan en la nómina y poco a poco van causando electroshocks. Es la nomenklatura de respaldo que unida a variopintos intereses van dictando la agenda y poniendo en aprietos a los nuevos gobernantes.
El término “Herencia maldita”, acuñado por Ricardo Gallardo Cardona cuando tomó protesta como gobernador del Estado el 26 de septiembre del 2021, ha ido perdiendo punch para dar paso a los “Injertos malditos” que van brotando. Aunque se han dado purgas, de ahí la fuerte reacción de los sindicatos de burócratas, sobreviven costosos especímenes que le van generando problemas.
Al así llamado Gallardismo también le dejaron un campo minado. Así son los procesos de transición que orillan a los mandatarios a mantener personal y líneas presupuestales programáticas. Como en el ajedrez, “el Pollo” tiene un tablero con celadas o trampas. Hay varios ejemplos como la urbanización e industrialización de La Pila y los Centros de Bachillerato Comunitario.
En el primer caso, el affair de lo que el grupo de resistencia contrario a caciques ejidales calificó como “la carreterita La Pila-BMW”, en la que acusan “contubernio entre la constructora Meta, caciques y funcionarios federales corruptos y traidores de la 4T”, se descubrió que es parte de la octava modificación del Libramiento Oriente, una obra complementaria. El Grupo Valoran pagó 39 millones de pesos al Ejido para apropiarse de 30.26 hectáreas. Tienen la concesión pero antes de repartir dinero debieron pedir, por Ley, una revisión de la Procuraduría Agraria. Y esto no sucedió. Les urgía liquidar por la visita de AMLO a la presentación de la inversión de 800 millones de euros de la prestigiada empresa de autos alemana. Parte de la visita era mostrarle la interconexión.
No lo amarraron ni plancharon correctamente. Dejaron graves arrugas legales. Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), está muy preocupado porque no se hicieron bien las cosas. Ese dinero no podía entregarse porque viola reglas operativas y fiscales. Los representantes del Comisariado lo entregaron a contentillo. Se gastaron alrededor de 8 millones de pesos en abogados, notarios y ejidatarios, muchos de ellos no cobraron, y es lógico que estén inconformes.
¿Qué es lo correcto? ¿Cómo deben actuar AMLO y Gallardo en este problema? ¿Cuál sería una salida en la que los ejidatarios de La Pila queden satisfechos y no se viole la Ley? ¿Qué se debe hacer? La resistencia dice que se debe dejar sin efecto ese pago, fincar responsabilidades y abrir el diálogo directo con los inconformes porque el tramo quedó bloqueado judicialmente y así puede quedar por años. Con voluntad política y disposición de todas las partes puede arreglarse el asunto reponiendo el procedimiento, haciendo las cosas conforme a derecho y pagar lo justo a los ejidatarios. Ellos mismos están a favor de la inversión de la BMW pero no están dispuestos a que sus derechos nuevamente sean pisoteados.
Otro preocupante “Injerto maldito” surgió en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). Por más de 15 años se generó una partida de apoyo a instituciones educativas, la mayoría rurales. Sin embargo, en el año 2021, en los meses de la transición, algo cambió. Son cerca de 150 Centros de Bachillerato Comunitario que inexplicablemente dejaron de recibir los apoyos económicos en el año 2021. No obstante que los recursos estaban etiquetados, “alguien” tuvo la ocurrencia de cambiar el destino de decenas de millones de pesos a otros objetivos. Fue en la etapa donde la nueva administración verde tomaba las riendas y esas decisiones fueron sugeridas por quienes se mantuvieron en el aparato.
Ante los fuertes reclamos durante el 2022 los marearon y para tratar de calmar la bronca les dieron parcialidades pero eso no fue suficiente y la cascada de amparos ya comenzó a explotarle al titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, ya bajo orden judicial para que cumpla con la entrega de los recursos con el riesgo de que si desacata podría ser destituido.
El 30 de enero del presente año, el Juzgado Sexto de Distrito concedió el amparo 63/2022-VI y protección de la justicia federal a la quejosa Agustina Soto Luna, para el efecto de que la autoridad responsable, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, entregue la ministración correspondiente al mes de julio del 2021 por un monto de 6 mil 900 pesos del semestre por el ciclo escolar 2021, así como los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021, a la Asociación Civil “Josefa Ortiz de Domínguez del Ejido la Palma” licenciataria del Centro de Bachillerato Comunitario ubicado en la comunidad de El Epazote, municipio de Rayón.
“Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 192 de la Ley de Amparo”.
Simultáneas
- Luego de que Astrolabio descubriera la felonía del abogado José Mario de la Garza en el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en una primera reacción el War Room de Enrique Galindo le sugirió guardar silencio, analizar a fondo la situación para enfriar el caso y luego dar una respuesta que está pendiente de dar en la semana que inicia, al tiempo de señalar que los asesores de la administración de Xavier Nava que fueron Alejandro Zapata, Gustavo Barrera y Javier Castro de la Maza ¡cobraban tres veces más que lo devengado por el representante del complejo inmobiliario Gran Peñón que del dinero de los impuestos de los capitalinos recibe 290 mil del águila cada mes!
- Por cierto, la Vía Alterna beneficia a los proyectos Gran Peñón, Cañadas y el Ejido San Juan de Guadalupe. Vincula toda esa trama de movilidad estratégica logística. Fue tejida por el ex gobernador Juan Manuel Carreras, recién reaparecido con Alito Moreno, y sus operadores más cercanos que “convencieron” a funcionarios federales. Parte de las negociaciones fue la candidatura de Mónica Rangel a la gubernatura por Morena. Moisés Cedillo, ex secretario general del Partido de la 4T, negoció las diputaciones locales de Lidia Vargas y Cuauhtli Badillo a cambio de apoyar a Xavier Nava y a la Doctora.
- Bien dicen que nadie sabe para quién trabaja. Del año 2000 al 2003, la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Fernando Silva Nieto a cargo de Fernando López Palau atrajo a San Luis Potosí la instalación de 186 empresas. El operador fue el Ing. Rubén Navarro Ledesma que se la pasaba buscando en todo el mundo inversionistas. Destacan 3 de Cummins, 4 de Valeo, Robert Bosh, Fagor Ederlan y sentaron las bases para la instalación del Complejo de la GM y lo que después sería la primera inversión de la BMW. Originalmente la GM se instalaría en Estación Ventura de Soledad de Graciano Sánchez para hacer otro corredor industrial hacia la carretera a Matehuala, pero Marcelo de los Santos Fraga, ya en el poder y con otros intereses foxistas, ordenó que fuese en el Parque Industrial Logistik en la Col. Laguna de San Vicente perteneciente a Villa de Reyes.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UASLP. Comenzó como reportero en Canal 13 y para la revista Jaque. Dirigió Canal 9 de SLP y conoció de cerca el modelo de Radio Canadá en Montreal. Ocupó cargos de producción audiovisual, monitoreo, síntesis y análisis en Comunicación Social de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital. Fue ejecutivo de Proyectos Técnicos y Especiales del Centro Nacional de Supercómputo del IPICYT y en la iniciativa privada participó en Seguros ING y AXA. Actualmente se desempeña en el sector inmobiliario. Twitter: @AlvelaisPerez.
