Por: Antonio González Vázquez.
Habida cuenta de que en seis años se han destinado más de 200 millones de pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal sin que se vean resultados claros y más aún, que pese a esa cantidad de recursos San Luis Potosí se encuentre las entre las entidades con mayor rezago en ese sistema, se prevé que el Congreso del Estado hará un exhorto al gobernador Juan Manuel Carreras López para que se rinda un informe pormenorizado de la situación que guarda el estado.
La diputada Xitlálic Sánchez Servín presentó una propuesta de punto de acuerdo que tiene el propósito de citar a comparecer a todos los funcionarios públicos involucrados en la reforma para que expliquen lo que ha pasado y que tiene en la incertidumbre la exitosa entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio.
El Punto de Acuerdo será votado por el pleno en la sesión de este jueves. Esta es la propuesta que se publica en la Gaceta Parlamentaria.
“La LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Dr. Juan Manuel Carreras López la comparecencia del licenciado Armando Rafael Oviedo Ábrego, Secretario Técnico del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal en el Estado; y la del magistrado Luis Fernando Gerardo González Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Presidente del Consejo de la Judicatura, ambas con la finalidad de que esta Soberanía lleve a cabo reuniones de trabajo para analizar y evaluar la información directa, real y sensible, del estado en el que se encuentran las instituciones de seguridad, defensoría pública, procuración e impartición de justicia en los rubros de capacitación y certificación; la relativa a la evaluación de impacto social de las campañas informativas de la reforma penal; el avance en los procesos de construcción de infraestructura y adquisición de equipamiento; y el diagnóstico sobre la actualización de las y los abogados litigantes en materia del nuevo sistema penal acusatorio ante su inminente entrada en vigor el próximo día 18 de junio del presente año”.
En la justificación de motivos, la diputada expone lo preocupante es el hecho de que en seis años no se ha avanzado como debería ser y que se ha ejercicio una gran cantidad de recursos sin alcanzar resultados óptimos.
En ese sentido, recuerda que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con base en la Nueva Metodología para la Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas, con corte al 31 de octubre de 2015, determinó que la nuestra es la tercera entidad del país con el mayor rezago en la implementación de la reforma penal con un indicador de 2.4%, solo por arriba de Baja California Sur y Sonora.
Del mismo modo, expone cómo desde el 2010 el presupuesto federal y el estatal destinan recursos públicos para el proceso de implementación, lo cual suma aproximadamente 243 millones de pesos, en cuyo caso, se critica que pese a ese importante ejercicio del gasto no se tiene garantía de que todo salga o se haya hecho correctamente.
