Angélica Campillo
De acuerdo con el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, se debe modificar la ley para que ante demandas por incumplimiento de contrato contra los ayuntamientos, se responsabilice a quienes celebraron la firma del convenio y no sea la ciudadanía la que pierda.
Astrolabio Diario Digital dio a conocer que la empresa Energreen San Luis S.A.P.I de C.V. pretende cobrar al Ayuntamiento de la capital potosina, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, un finiquito por 435 millones de pesos luego de que ganó una demanda por la rescisión del contrato de operatividad del tiradero de Peñasco.
Al respecto, González Covarrubias apuntó que se tiene que analizar el tema en dos áreas: una, la irresponsabilidad histórica de cómo se negocian los contratos a escondidas de la ciudadanía, donde solamente se buscan los intereses de unos cuantos, que cuando se firman ese tipo de convenios saben que siempre hay una ventaja para la empresa y siempre va a perder la ciudadanía, por lo que debe haber modificaciones urgentes a la ley para no permitir que esto suceda en el futuro.
Además, el activista indicó que esta situación abre la puerta para ver cómo existen acuerdos entre quien dice representar a la ciudadanía y estas empresas, ya que al final de cuentas las consecuencias siempre las va a pagar la ciudadanía.
“En este caso puede darse un daño patrimonial y se tienen que buscar los mecanismos para llamar a cuentas a quien hizo mal”.
González Covarrubias manifestó que el problema es que las leyes están hechas para que las autoridades que en su momento firmaron estos contratos, queden exoneradas de una responsabilidad, por lo que se cuestionó el por qué no se han realizado modificaciones.
Según lo mencionado por el vocero de Ciudadanos Observando, viene otra situación grave que tiene que ver con que varias veces existen “acuerdos perversos” entre las autoridades y las empresas que las denuncian, para que “extrañamente” las autoridades hagan una mala defensa jurídica y pierda el Ayuntamiento, y quien “pague los platos rotos” sea la ciudadanía.
“Se ha visto cómo los abogados del Gobierno, del Congreso, de la Auditoría Superior del Estado, de forma dolosa pierden los casos para negociar por fuera un monto de forma corrupta”, finalizó el activista.
