Carlos Rubio
En 2012 Alejandro Fernández Montiel recibió por parte del Congreso del Estado la Presea Plan de San Luis, la máxima distinción que un ciudadano potosino puede obtener por su contribución a la sociedad; casi diez años después, es declarado culpable de violar a un menor de edad.
Contrario a la expectativa, el potosino distinguido de 2012 será sentenciado a un mínimo de nueve años de prisión y un máximo de 20, de acuerdo con los artículos 171 y 176 del Código Penal de San Luis Potosí: el primero contempla de ocho a 16 años de cárcel por cometer el delito de violación; el segundo aumenta la pena de uno a cuatro años cuando un servidor público utiliza su cargo para cometer el ilícito.
De acuerdo con la exposición de motivos del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado, Fernández Montiel se aprovechó de su puesto como servidor público en la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social para violar al adolescente y, además, se aprovechó de la confianza que las autoridades le otorgaban para disponer del menor de edad que se encontraba resguardado en el Centro de Asistencia Social Rafael Nieto.
Los jueces no solo acreditaron la violación a la víctima, sino que dieron parte de un “estado fallido” que una y otra vez vulneró al adolescente desde su infancia. Y más detalladamente, no solo fue a él, sino a toda su familia.
El 30 de noviembre de 2012, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en conjunto con la sociedad civil se fundieron en un aplauso entorno a Alejandro Fernández, mientras le era entregada la Presea al Mérito Plan de San Luis por “su labor altruista y desinteresada a favor de los más desvalidos, en tiempos donde el ‘yo’ se ha vuelto lo más importante”, según el exdiputado local, Crisógono Sánchez Lara.
La polémica envolvió la entrega de aquel premio desde su anuncio, debido a la corta edad con la que contaba Fernández Montiel, en comparación con los galardonados de años anteriores: Carlos Jonguitud Barrios (2011), Adolfo Miguel Benavente Duque (2008), Rafael Montejano y Aguiñana (1998), Alfonso Lastras Ramírez (1997), etc.
El decreto 006 publicado en el Periódico Oficial del Estado, en tiempos de Fernando Toranzo Fernández, describe al exfuncionario declarado culpable como un luchador, un joven profesional, maestro, empresario, noble, sensible, que se dedicó desde niño a ayudar a los ciegos y débiles visuales.
Con tan solo 17 años, Alejandro Fernández fundó el Instituto par Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”; a los 32 años fue acreedor a la Presea Plan de San Luis, y a los 42 años recibirá una condena por la violación de un niño de 15 años.
Estudios, nombramientos y premios rodean la semblanza de Alejandro Fernández que la LX Legislatura escribió para entregarle la Presea de potosino ejemplar. Aquellos hechos que hoy han sido opacados por un caso que vio la luz.
Y aunque Fernández Montiel solo fue juzgado por lo que ocurrió la noche del 14 de octubre de 2019, las heridas de la víctima mostraban que las agresiones ocurrieron en reiteradas ocasiones, no solo ese día, de acuerdo con el peritaje que realizó una médico legista y que fue presentado durante el juicio.
Es un hecho que los actos de Alejandro Fernández beneficiaron a una gran cantidad de niños, niñas y adultos, los centenares de personas que cruzaron las puertas del instituto que fundó pueden dar crédito de ello. Pero parte de sus actos también perjudicaron la vida de al menos un niño que por su protección no podemos mencionar su nombre, pero que con tan solo 15 años le puso freno a una serie de atrocidades que vivía y a los 18 desafió las irregularidades del Poder Judicial del Estado, y a la elite potosina. ¿Si él no se hubiera plantado firme, el Estado lo habría hecho? Según los antecedentes, no.
