Abelardo Medellín
Es la mañana del martes 11 de octubre y Alejandro N., extitular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores acusado de violación doblemente agravada contra un adolescente, entra a la sala 3 de juicio oral del Centro Integral de Justicia Penal.
Apenas y pasan las 9:30 de la mañana. Este martes, como en otras jornadas de juicio, la audiencia comienza retrasada.
Al ingresar a la sala solo lo esperan dos abogados del equipo de la defensa y lo escolta a su asiento un policía procesal que ya lo trata con amistad y costumbre.
Una de las abogadas de la defensa entrega a Alejandro una hoja tamaño carta con lo que parece ser una descripción de hechos. El imputado comienza a leerla mientras voltea a la puerta, esperando al resto de su equipo legal, mismo que podría haberse retrasado por un accidente automovilístico en el que impactaron dos automóviles sobre la carretera 57.
Tras unos minutos, a la sala ingresan los abogados de la Fiscalía General del Estado (FGE): dos ministerios públicos, un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y el representante en suplencia del adolescente víctima del caso.
El contraste rebasa el terreno de los intereses y se hace presente en el vestuario: por un lado, los dos abogados de Alejandro visten con atuendos claros; por el otro, del lado derecho de la sala 3, los abogados de la Fiscalía toman asiento vistiendo de negro y colores obscuros.
Por su parte, como en al menos otras tres jornadas, Alejandro ingresa a la sala vistiendo un chaleco gris, pantalones caqui y unos tenis de rojo brillante que hacen juego con su playera roja de manga larga.
Minutos antes de iniciar la audiencia, mientras el operador de sala acomoda las sillas y ajusta el termostato, uno de los abogados de la defensa pide al policía procesal que retire las sillas que suelen estar dispuestas para el resto del equipo legal.
“Ya no van a llegar”, afirma el abogado.
Mientras esperan al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado, ambas partes, Fiscalía y defensa, murmuran apuntes, se pasan hojas y alistan sus computadoras.
“Vamos a dar inicio”, informa el operador de sala. Ante la orden, Alejandro deja de leer su hoja de papel y se prepara atento para recibir a los jueces.
Esta no es una jornada más en la que el imputado escuchará testimonios ajenos, hoy le toca a él subir al asiento de testigos y rendir la declaración que aceptó hacer el viernes 7 de octubre, cuando se le informó que tenía la oportunidad de dar testimonio.
A la sala, ingresan los tres jueces del Tribunal y toman asiento para luego pedirle a Alejandro que prepare su declaración.
Los jueces informan a Alejandro que todavía puede decidir no declarar: “Sí su señoría, sí quiero declarar”, afirma de su propia voz el imputado.
El presidente del cuerpo Colegiado pide a la defensa de Alejandro que informe a su representado sobre si debe o no responder a preguntas de la Fiscalía:
“Decidió no contestar preguntas de la asesoría jurídica o de la Fiscalía”, informa la abogada de Alejandro luego de hablar con él en el asiento de testigos.
“Yo quería manifestar, que desde 2019 di mi autorización a mi esposa para que entregara mi celular”, comenta el imputado como inicio de su declaración.
Alejandro, dirigiéndose a los jueces, asegura haber entregado un consentimiento por escrito a quien fuera su esposa en 2019, para que esta entregara su celular, un reloj inteligente y las contraseñas de sus redes sociales.
El primer comentario de Alejandro, parece reforzar y acompañar las pruebas materiales y estudios periciales que la defensa ha presentado durante los juicios, que apuntan a que, a través de su aparato celular se podía saber dónde estuvo la noche en que supuestamente ocurrieron los hechos, y que a través de su reloj inteligente se comprueba que su ritmo cardíaco no refleja “actividad vigorosa” correspondiente al de una agresión sexual.
Tras declarar sobre la autorización de estas pruebas, el imputado pasó a narrar que el 14 de octubre de 2019, supuesto día de la última agresión sexual, él asistió a una ceremonia religiosa por el aniversario luctuoso de uno de sus mejores amigos. Esta declaración empata claramente con los testimonios que presentaron los padres de su mejor amigo que fueron presentados como amigos por la defensa, a quienes dijo haber saludado en dicho lugar.
Según Alejandro, tras salir de la misa se dirigió al Instituto para Ciegos y Débiles Visuales, donde se reuniría con un directivo para revisar los estudios de un joven.
El imputado refirió haberse detenido en dos lugares sobre la avenida Salvador Nava Martínez, donde se dispuso a atender unas llamadas y mensajes de texto.
“No me gusta manejar y contestar mensajes”, refirió Alejandro.
Tras explicar algunos de los hechos relacionados con el día de la supuesta agresión, Alejandro concluyó su narrativa y dedicó la segunda parte de su declaración a expresar su sentir sobre la acusación en su contra.
“No sé por qué (nombre de la víctima) dice que hice eso con él”, comentó Alejandro.
El imputado negó categóricamente haberse encontrado en el lugar y hora que la víctima refirió sobre los hechos.
Según Alejandro, su trabajo altruista dedicado a ayudar a niñas, niños y adolescentes ha sido constante los últimos 25 años –sin contar los años de su prisión preventiva– e incluso se ha visto reflejado en las visitas de jóvenes que solían estar a su cuidado y ahora asisten a verlo al penal.
“Son gente que me tocó criar (…) para mí es impensable hacer un daño como él lo dice”, dijo refiriéndose a la víctima.
El imputado remarcó durante su testimonio que el trabajo altruista que hizo por jóvenes en San Luis Potosí le valió premios, reconocimientos, reuniones con presidentes de la República e incluso el recibir la Presea Plan de San Luis en 2012.
“Todo lo que hice fue para ayudar a la gente”, dijo el imputado.
Alejandro comentó sobre la agresión sexual que se le imputa, que las personas que suelen hacer eso “tienen un tipo de patología” y que cada vez que los abogados de la Fiscalía hablaban de la agresión sexual: “Escuchaba que hablaban de otra persona y no de mí”.
Alejandro agregó no haber tenido hasta ahora un problema al interior del penal de La Pila durante su tiempo recluido y se limitó a decir que el único problema derivado del proceso que se sigue en su contra, es el que le han provocado a su familia y amigos cercanos las acusaciones.
“Estoy agradecido con Dios por la gente que he conocido aquí dentro”, dijo finalmente y concluyó con ello su declaración libre.
Luego de un comentario de menos de 10 minutos, la defensa de Alejandro solicitó interrogar a su representado y utilizaron sus preguntas para amarrar cabos sueltos de algunos datos.
A preguntas de sus abogados, Alejandro declaró que: sí entregó la autorización para que se entregaran su celular, pero no recordaba en qué mes; siempre traía su celular y también su reloj a la mano, y finalmente dijo haber llegado al Instituto para Ciegos el 14 de octubre de 2019, sin recordar con exactitud a qué hora llegó.
“Sería cuanto”, dijo la abogada de Alejandro concluyendo con esto su intervención.
Tras haber escuchado al imputado, sin interrupciones ni manifestaciones, la Fiscalía solicitó a los jueces lo mínimamente necesario: un receso de 15 minutos para preparar los alegatos de clausura.
Los jueces admiten la solicitud de 15 minutos, decretan un receso y a las 10:05 horas de la mañana, los abogados de la Fiscalía dejan la sala de audiencia y se dirigen a sus oficinas, mientras que Alejandro, tranquilo y con más calma, toma un momento para hablar con sus defensores.
