Abelardo Medellín
El pasado 10 de marzo, el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, reveló que está por realizarse el juicio oral en contra de Alejandro N., ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), quien desde hace casi tres años enfrenta un proceso penal, tras haber sido acusado de violación agravada en contra de un menor de edad.
Este es un recuento informativo entorno al caso de Alejandro N., cuya conclusión parece estar próxima y, según afirmó el fiscal a este medio, se espera una sentencia condenatoria para el imputado.
La aprehensión y sus reacciones
El 23 de octubre de 2019, Alejandro N., entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social, fue detenido en el Club Deportivo Potosino y posteriormente fue trasladado por la Policía de Investigación al Centro de Reinserción Social de La Pila, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violación agravada, que habría cometido en contra de un menor de edad que se encontraba albergado en el Centro de Asistencia Social Rafael Nieto.
De acuerdo con fuentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 16 de octubre de 2019 un joven escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto para denunciar con sus familiares que había sido víctima de abuso sexual de parte del Alejandro N.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, trabajadores del DIF estatal afirmaron que Alejandro N. tenía una clara “predilección” por el menor que había escapado y por sus hermanos; era tal su preferencia, que el hoy imputado incluso llegó a sacar al menor del Centro de Asistencia para llevarlo al cine o a pasear.
Los trabajadores afirmaron que, luego de que el joven escapó del lugar, Alejandro N. dejó de asistir a sus oficinas ubicadas entonces en el número 800 de la calle Nicolás Fernando Torre, a unos metros de la sede del DIF estatal.
Tras la detención del sujeto en octubre de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que informó:
“Una vez que se cumplimentó el mandato expedido por un Juez de Control, se trasladó al centro de reinserción social de La Pila, en espera de que se resuelva su situación jurídica en las próximas horas”.
Un día después de la detención de Alejandro N., Ulises Valencia Gordillo, subsecretario jurídico y de derechos humanos del Gobierno carrerista, dijo que el detenido había sido separado del cargo una semana antes de su aprehensión y en cuanto se supo de la investigación en su contra.
El mismo 24 de octubre de 2019, el Instituto Para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, publicó en su página de Facebook un comunicado en el que expresaron su solidaridad con el ex funcionario del DIF y expresaron: “damos fe de tu valioso testimonio de amor y entrega incansable a favor de cientos de niños y jóvenes ciegos; débiles visuales o con capacidades diferentes”.
El 25 de octubre de 2019, la directora general del DIF estatal, Cecilia González Gordoa, afirmó en entrevista: “No vamos a solapar a nadie”, en referencia al caso de Alejandro N.; además, confirmó la versión de que el ex funcionario fue retirado de su cargo desde antes de que se giraran las órdenes de aprehensión.
Aunado a lo anterior, González Gordoa informó que la víctima fue resguardada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF sólo fue coadyuvante en cuanto a la tutela del menor.
Durante la semana posterior a la aprehensión de Alejandro N., Astrolabio Diario Digital asistió a la sede de la PDPAM para cuestionar a los trabajadores del DIF respecto a un par de colchones que se encontraron en una de las dos oficinas que utilizaba Alejandro N. y que no se sabe para qué se ocupaban. Sin embargo, los trabajadores administrativos, recepcionistas y titulares de las procuradurías guardaron silencio y evitaron ampliar la información sobre el tema.
Seis días después de su aprehensión, el 29 de octubre de 2019, Alejandro N. fue vinculado a proceso por el Juez de Control dentro de la causa penal 1098/2019, esto en una audiencia que se llevó a cabo en privado desde las 8:30 am y hasta las 19:00 horas.
Durante la primera audiencia, surgieron rumores que apuntaban a que Alejandro N. había sido acusado de más delitos, sin embargo, el área de comunicación de la Fiscalía General del Estado, negó que existieran más denuncias en contra del exfuncionario del DIF estatal.
Luego de que se celebrara la primera audiencia, el entonces fiscal general, Federico Garza Herrera, informó que la Vicefiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales encabezaba el proceso en contra de Alejandro N., y dijo que se fijaron dos meses para reunir las pruebas necesarias y dar inicio al juicio.
En la misma entrevista, Garza Herrera comentó que no se le daría trato especial a Alejandro N. por haber sido trabajador del Gobierno del Estado, y agregó: “El trato es igual y siempre lo hemos señalado, nadie por encima de la ley”.
Las breves intervenciones por la inocencia
El 31 de octubre de 2019, familiares y amigos de Alejandro N. comenzaron a organizar una marcha para exigir la liberación del ex trabajador del DIF acusado de violación agravada y que acababa de ser vinculado a proceso.
Los cercanos de Alejandro N. circularon entonces un mensaje vía WhatsApp en el que se leía:
“FAMILIA Y AMIGOS TE INVITAMOS A UNA MARCHA POR LA LIBERACIÓN DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ MONTIEL EL VIERNES 4 A LAS 5 PM SALIENDO DEL DIVINO MAESTRO RUMBO A LA CASA DE GOBIERNO. #somosmuchosconalejandro”.
Dicho mensaje contenía un error en la citación debido a que, en ese año, no hubo un viernes 4 de septiembre. Además, el recorrido de esta marcha por la liberación de Alejandro N. sería de la iglesia del Divino Maestro a la Casa de Gobierno, lo cual se traduce en cerca de 750 metros.
Horas después de que se convocó a esta marcha, circuló un nuevo mensaje en el que se informó: “Se cancela la marcha, pues es puente”. Familiares del ex funcionario del DIF aclararon que la marcha no era por su liberación (como afirmaban en el primer mensaje), sino que buscaban exigir un “juicio justo”.
El 1 de noviembre de 2019, la exdiputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien en 2012 propuso a Alejandro N. para ser galardonado por el Congreso del Estado con la presa al mérito Plan de San Luis, habló en entrevista con Astrolabio y afirmó que, en caso de que el ex trabajador del DIF fuera condenado, habría que pensar en establecer en la convocatoria una especie de cláusula de revocación de presea, en vista de que: “la presea requiere que sea una persona honorable, y si lo dejo de ser…”.
A la exdiputada también se le preguntó si estaba arrepentida de haber propuesto a Alejandro N. a lo cual comentó:
“No. Ahorita todavía no es culpable y no sabemos; hasta no tener una sentencia firme. Yo siempre parto de que es inocente y de que debe respetarse el derecho a la presunción de inocencia”.
La extensión de la investigación y su cercana conclusión
El 23 de diciembre de 2019 se solicitó una audiencia para pedir una ampliación del plazo de investigación; en esta audiencia se concedió la ampliación del plazo y este culminaría el último día de febrero de 2020.
Tras la ampliación del plazo, la defensa del exfuncionario promovió un amparo para que se repusiera el proceso contra Alejandro N.
Sin embargo, tras reponer el proceso en atención a lo dictado por un juez federal, el extrabajador del DIF fue vinculado nuevamente a proceso por violación agravada en contra de un menor de edad.
Luego de que Alejandro N. fuera vinculado nuevamente a proceso, se otorgaron dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria para que, tanto la defensa del imputado como los litigadores de la Fiscalía, reunieran más datos de prueba.
En la audiencia en la que se dictaron estos meses extras, la defensa solicitó que el extrabajador del DIF llevara su proceso en libertad, pero la Fiscalía se opuso y el juez le dictó prisión preventiva al exfuncionario.
Casi un año después de esta segunda vinculación a proceso, Alejandro N. aún no celebraba su audiencia intermedia. Ante dicha tardanza, Federico Garza Herrera comentó que el atraso era parte “del camino del juicio” y afirmó que fueron las partes involucradas quienes, conforme a derecho, solicitaron que se postergaran las audiencias: “Quien visualiza la constitucionalidad de todo esto es el juez, porque está sujeto a él y las audiencias están sujetas al desarrollo y presencia del propio”.
Hoy, a seis meses de distancia de aquella declaración hecha por Garza Herrera, el actual fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, señaló que hay materia para obtener una sentencia condenatoria para Alejandro N. y dijo que solo queda esperar a que el juzgado fije una fecha para el juicio oral, en donde se producirá prueba y, casi tres años después de iniciado el proceso, se determinará la situación legal del acusado de manera definitiva.
