Por Victoriano Martínez
Si la del empresario Eduardo Olivares se presentó el pasado 11 de diciembre en este portal como una historia que mostraba con crudeza los alcances de la combinación de la poca confianza que se tiene en los cuerpos policiacos con la impunidad alentada por la confabulación de los órganos de procuración de justicia, la secuela confirma ese gran mal al que está expuesta toda la sociedad.
Entonces se advirtió aquí que en la medida en que pase el tiempo sin que la autoridad resuelva este caso –y muchos otros pendientes–, no se recupere el daño y ni se sancione a los responsables, se acumularán elementos para considerar una complicidad real de la delincuencia con el más alto nivel gubernamental, entiéndase, el gobernador Juan Manuel Carreras López.
A poco más de mes y medio, la resolución del caso no avanza y, por el contrario, lo que queda del negocio de Olivares vuelve a ser blanco de nuevos robos, con una evidente confabulación entre policías y ladrones.
Tras el desmantelamiento del taller en diciembre de 2018, las evidencias que quedaron en video sobre la participación conjunta de policías de Soledad de Graciano Sánchez con los ladrones fueron desaparecidas por los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cada que Olivares presentaba su caso en niveles superiores en su búsqueda de justicia, más se le cerraron las posibilidades de acceder a ella y sí, en cambio, se encontró con advertencias y amenazas de muerte.
“Tengo más coraje que miedo”, afirmó entonces Olivares, quien ve en los robos recientes –el fin de semana los ladrones visitaron dos veces su taller– una forma de amedrentarlo.
En lugar de lograr que se desahogara la carpeta de investigación sobre el primer robo –en el que le desmantelaron por completo su negocio–, ocurrido en diciembre de 2018, Olivares acumula más denuncias que engrosan el expediente, ya no de la sospecha, sino de una cada vez más confirmada confabulación entre la FGE y los delincuentes.
El caso de Olivares es sólo uno más entre el amplio espacio para la impunidad que abren las autoridades, sin que el responsable máximo –el gobernador Carreras– dé señales de tomar medidas al respecto.
Como uno más, y probablemente de los más documentados, el de Olivares exhibe el grado de indefensión en el que se encuentra cualquier habitante del estado ante una delincuencia que puede actuar sin temor alguno por que sus actos les traigan consecuencias.
Una muestra, pues, de que no se combate al crimen, se le alienta. Al menos, ese es el mensaje que la inacción de la autoridad le manda a la sociedad.
