Estela Ambriz Delgado
Respecto al audio de la reunión de empresarios donde hablan de una estrategia para lograr vía amparos la anulación del decreto que declara Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito, el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito destacó que llama mucho la atención la certeza del sentido en que serán emitidas las próximas resoluciones y la empatía con el Poder Judicial Federal (PJF).
Los Guardianes de la Sierra consideran que este audio en donde se escucha al abogado Gustavo Barrera López, así como a los socios Carlos López Medina, y Alberto Anaya, representante del inversionista regiomontano Alejandro Tamayo, quienes encabezan al menos tres proyectos en distintas superficies de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, es sobrecogedor y contiene datos muy importantes que demuestran el nivel en que se encuentran las cosas.
“Nosotros siempre hemos señalado la ofensiva que se mantiene en contra del Área Natural Protegida y todo el dinero que se está invirtiendo, hablan de miles de millones, cuando se habla de una cantidad así no necesariamente tiene que ver con pago de abogados”.
La organización civil también señaló que en el sentido jurídicamente legal de las cosas, pareciera que hay todo un operativo que tiene un objetivo concreto, que es destruir el decreto para fraccionar un área muy importante de la Sierra de San Miguelito, y que se están utilizando todas las armas posibles y necesarias para lograrlo, y destacaron la empatía que se muestra con Poder Judicial Federal.
“De lo que llama mucho la atención es ese grado de empatía con el Poder Judicial Federal y de cómo prácticamente están anunciando el sentido de resoluciones. También llama la atención esa demanda en contra del Presidente de la República por 4 mil millones de pesos y la seguridad con la que hablan de que el decreto se caerá y que luego se va a negociar esa cantidad”.
Asimismo, la organización Guardianes de la Sierra indicó que por otra parte en el audio también se denota el temor de que haya una movilización en la Comunidad de San Juan de Guadalupe para destituir a quienes actualmente integran el Comisariado de Bienes Ejidales y el Consejo de Vigilancia.
“Lo hablan como un tema de divisionismo pero el fondo tiene que ver con ese movimiento tan importante que hay hoy para derrocar a quienes ocupan la representación de la comunidad y todo lo que están haciendo para evitarlo, también se nota el temor de perder el control social de esta comunidad”.
La organización está a la expectativa de más información que surja en próximos días, con lo que se dejará en claro qué es lo que está sucediendo en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, que aunque no es toda la sierra si es parte importantísima de la misma y de lo que puede ser el futuro del decreto, mismo que se deberá defender tanto desde el punto de vista legal como social.
