Por Victoriano Martínez
San Luis Potosí es uno de los seis municipios del Estado que cuenta con declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde el 21 de junio de 2017, es gobernado por un alcalde que presume su formación como policía… y no cuenta con un protocolo para garantizar la seguridad de mujeres que, en caso de la aprehensión de sus acompañantes, se quedan solas en situaciones de riesgo.
Un caso se reportó en un par de mensajes en Facebook y en Twitter y, aunque fueron borrados, quedaron las capturas de pantalla. De manera fortuita e involuntaria, a quien esto escribe le tocó ser protagonista del hecho la madrugada del pasado 29 de octubre. No suelo escribir en primera persona, pero para describir el caso no lo puedo evitar.
Por pasarse un alto, mi hijo fue detenido tras un operativo en el que participaron cinco patrullas, una grúa y algunos elementos que portaban armas largas. Preguntar por las causas de la aprehensión, de que se llevarán su vehículo y a dónde llevaban al muchacho lo pagué con casi tres horas en la Barandilla.
Tras ser detenidos los dos, me percaté de que la situación de mayor riesgo en todo ese incidente fue para la acompañante de mi hijo. Se quedó sola en el lugar donde nos detuvieron. Los policías que me llevaron a Barandilla mintieron. Me aseguraron que mujeres policías la acompañarían hasta que un familiar pasara por ella. Que así era el procedimiento… lo incumplieron.
Si ellos mencionaron un procedimiento, lógico es pensar en la existencia de un protocolo para evitar esos riesgos para las mujeres, sobre todo en un municipio con alerta de violencia de género. De igual forma, no resulta descabellado considerar que el caso de esa madrugada no ha sido el único y, por tanto, debe haber un registro sobre las ocasiones en que se ha aplicado ese procedimiento.
Al requerir, vía transparencia, tanto el protocolo para conocer los pasos del procedimiento que no cumplieron esa noche, y las estadísticas sobre casos atendidos, tras la resistencia a cargo de la Unidad de Transparencia, finalmente cuatro instancias relacionadas con atención a la seguridad de las mujeres señalaron que no cuentan ni con el protocolo ni con el registro de casos.
En el caso del 29 de octubre, contrasta el uso excesivo de la fuerza –cinco patrullas, una grúa y policías armados contra un infractor por pasarse un alto y que nunca opuso resistencia– con el abandono en el que finalmente dejaron a una jovencita por la madrugada en un lugar poco transitado en el que, afortunadamente, hubo una vecina que salió de su casa para acompañarla.
¿Y si a la jovencita le hubiera dado un ataque de pánico y hubiera comenzado a caminar hacia su casa y fuera atacada en el trayecto? Si no hubiera corrido con la suerte de la salida de aquella mujer que la acompañó hasta que pasaron por ella, ¿quién garantiza que no pudo ser víctima de un asalto, una agresión o algo todavía más grave?
La situación de inseguridad no está para menos, por lo que resulta lamentable que los propios encargados de dar seguridad a la población, y con mayor cuidado a las mujeres ante la alerta de violencia de género, sean los que generen este tipo de situaciones y al final abandonen a su suerte a quienes sus acciones, justificadas o no, ponen en riesgo.
A casi seis años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el municipio de la capital, se cuenta con áreas como la Puerta Violeta, la Instancia de la Mujer y la Coordinación de Derechos Humanos creadas en administraciones anteriores, y una renovada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero persisten huecos en la protección para las mujeres.
Un faltante que cuestiona hasta donde se atienden las acciones necesarias para ejecutar las medidas de seguridad para las mujeres, especialmente cuando en la declaratoria se señalan “acciones específicas de prevención de violencia contra las mujeres”.
Abandonar a una mujer por la madrugada en una calle solitaria y sin medios para volver a su casa es en sí mismo un acto de violencia. Que ocurra por acciones de los elementos cuya obligación es garantizar la seguridad de la población resulta aún más grave ante la alerta de violencia de género… y muy preocupante si se da en un municipio cuyo alcalde presume su formación como policía.
