Por Victoriano Martínez
El 21 de junio de 2017, la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVG) en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
“Es una medida de atención inmediata pero ya tiene muchos años (…) sólo llevamos dos puntos de los 20 [que se contemplan] y de todos estos años, solo se cumplieron dos puntos. Nosotras queremos en los siguientes años cumplir los otros 18”, expuso Gloria Serrato Sánchez, titular del Instituto de las Mujeres, ante los diputados el pasado jueves.
Un exceso de simplificación en la forma de reportar el cumplimiento de las medidas impuestas por la AVG, cual si se tratara de una secuencia de metas a lograr y al llegar a la número 20 el problema quedara definitivamente resuelto.
En el mismo sentido, al día siguiente José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, declaró como meta que en 2023 se logren cumplir al menos cinco de los 20 puntos recomendatorios.
Si bien se trata de expresiones que aparentan reconocer un incumplimiento de la AVG, aunque con una carga de endosar la responsabilidad al gobierno anterior, la simplificación con que la titular del Instituto de las Mujeres (IMES) reporta dos de 20 medidas cumplidas difícilmente muestra la situación real de la atención a la Alerta y más bien oculta matices que podrían considerarse graves.
El 10 de marzo de 2022, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) emitió el Tercer dictamen sobre la implementación de medidas establecidas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres sobre la declaratoria para San Luis Potosí.
Se trata de un informe que describe con puntualidad los avances en cada una de las 20 medidas recomendadas en la declaratoria de AVG con una semaforización de cuatro colores: verde, cumplida; amarillo, en proceso; ambar, parcialmente cumplida, y rojo, incumplida.
Sorprende que Serrato Sánchez haya reportado a los diputados el cumplimiento de dos acciones, cuando en ese tercer dictamen son tres los casos que aparecen en verde, en tanto que en amarillo aparecen cinco, en ámbar nueve y en rojo cuatro.
De entrada, más de la mitad (13) se encuentran en los dos colores de mayor grado de incumplimiento. Un primer matiz que da cuenta de aspectos a los que se debe poner atención para una valoración cualitativa sobre la trascendencia de los incumplimientos.
Un aspecto ante el cual resultan relevantes los cuatro casos en los que se declara el incumplimiento, es decir, que aparecen en semáforo rojo.
Entre las medidas de prevención, se ha incumplido con la creación de “un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la perspectiva de género”. Una medida que quizá pudo haber evitado el escándalo provocado por los desplantes de Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los otros tres semáforos rojos se ubican dentro de las medidas de justicia y reparación. El primero tiene que ver con la conformación de un “grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años”.
Se trata de ocho años antes de la declaratoria, es decir, desde 2009.
Tampoco se ha cumplido con “establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género”. ¿Qué habría pasado con el caso del titular de la SCT de haber existido esos mecanismos?
Y el cuarto punto señalado como incumplido tiene que ver con “realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios”.
Si se contrasta lo incumplido contra lo cumplido, según ese tercer dictamen, el balance deja ver que la menor atención se ha dado a los aspectos más sensibles de la atención a las víctimas de la violencia de género.
No basta con anunciar que este año se cumplirán cinco puntos, ni que al finalizar el sexenio se cumplirá con todos. Lo urgente es la aplicación de todas las medidas porque los resultados para un combate real a la violencia de género no es el cumplimiento de los 20 puntos, sino mantener su vigencia y efectividad… y ese es un esfuerzo permanente a partir de haberlos cumplido.
