Por Victoriano Martínez
A 21 días de que se cumpla el primer aniversario de la declaratoria de alerta de género en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Tamuín, Tamazunchale y Ciudad Valles, el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) argumenta no saber si falló la medida porque quien evalúa es la Secretaría General de Gobierno.
Ya que la propia directora del IMES, Érika Velázquez Gutiérrez, estableció que la violencia feminicida es la suma de todos los tipos de violencia que padecen las mujeres, el número de feminicidios puede resultar un buen indicador de los resultados logrados.
La Procuraduría General de Justicia del Estado reconoce como feminicidios 18 de los asesinatos de mujeres ocurridos durante 2017, es decir, un caso cada 20 días. Velázquez Gutiérrez dijo este miércoles que tienen reportados 26 feminicidios en lo que va del año, lo que representa un caso cada 5.7 días.
El ritmo de los feminicidios entre un año y otro prácticamente se ha cuadriplicado.
Si la violencia que suma a todas las demás se ha multiplicado de esa forma tan alarmante, más que esperar la evaluación de la Secretaría de Gobierno, como dice la titular del IMES, lo más apropiado sería una explicación de todas las dependencias involucradas sobre la razón por la que, a pesar de la Alerta de Género, cada vez son más frecuentes los feminicidios.
Nadie puede preguntarse si falló o no la Alerta de Género, porque los resultados están a la vista. Más bien el punto está en qué medidas se tomaron y por qué no tuvieron ningún efecto.
Según el IMES, del 21 de junio de 2017 al cierre de ese año, se invirtieron 4 millones 614 mil 280 pesos en medidas de seguridad; 5 millones 405 mil pesos en medidas de prevención y 150 mil pesos en medidas de justicia y reparación, para dar un total de 10 millones 169 mil 208 pesos (ver respuesta a solicitud de información 00186018 en la Plataforma Nacional de Transparencia).
Si fue mucho o poco el costo de esas medidas poco importa, porque lo impresionante es que en los primeros cinco meses de este año ya están enlutadas por la violencia extrema contra las mujeres un 44.4 por ciento familias más que las que perdieron a una de sus integrantes durante todo el 2017.
Más preocupación debe provocar que para este año la Secretaría de Finanzas informe que para la Alerta de Género se destinarán 152 millones 593 mil 339 pesos, porque en su desglose aparecen dispersos entre 15 dependencias, la Cruz Roja y hasta dos asociaciones filantrópicas como Otra Oportunidad y la Asociación de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito. (Respuesta 00047718)
Esos sí, un presupuesto bien clasificado: a medidas de seguridad 21 millones 413 mil 275 pesos; a medidas preventivas 108 millones 852 mil 172 pesos, y a medidas de justicia y reparación 22 millones 327 mil 891 pesos. Pero ante su dispersión entre 15 entidades la pregunta es por qué a cinco meses con 26 feminicidios nada se sabe de la forma en que se coordinan para enfrentar la crisis.
Todo indica que a 21 días del primer aniversario de la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado urge que se declare una nueva Alerta, pero a las mujeres del estado, para que vivan más alertas porque la medida que debió protegerlas no ha servido para nada… más que para justificar gastos.
