Xochiquetzal Rangel
“Nosotros no vamos a cambiar la manera de trabajar del Consejo de la Judicatura, es parte de su función tener un órgano de disciplina, vigilancia y sancionador. En el caso de que observemos conductas que no son adecuadas, esa es nuestra función y no la vamos a cambiar”, comentó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, en justificación a las tres quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde jueces lo acusan a él y a los integrantes del Consejo de la Judicatura por actos de acoso laboral, discriminación y violencia política.
Sobre las quejas ante la CEDH presentadas por la magistrada Adriana Monter Guerrero y los jueces Emilio Agustín Ortiz Monroy y Julián Ruiz Contreras, comentó que solo ha sido notificado por la denuncia presentada por Monter Guerrero, mientras que de las otras desconoce si existan, “por el momento no hemos sido notificados”.
Explicó que una vez que sea notificado acudiría a la CEDH a dar su versión, aunque comentó que las destituciones, remociones y asignaciones no fueron tomadas a decisión del presidente ya que son colegiadas.
“Tenemos dos plenos: el pleno del Supremo Tribunal de Justicia integrado por 16 magistrados, todo se vota en pleno; y el Consejo de la Judicatura, igualmente tiene cuatro consejeros y todo se vota, es más, en el consejo de la Judicatura no tiene voto de calidad el presidente (…) todas las decisiones de disciplina, cambios de jueces, sanciones de jueces, suspensiones o temas de inhabilitación es el Órgano Colegiado el que toma las decisiones, o sea, en el caso del presidente es un voto más lo que se emite”, comentó.
Al ser cuestionado sobre la normalidad del cambio de jueces a distintos Juzgados, indicó que es normal, ya que el Consejo de la Judicatura como órgano de vigilancia y disciplina tiene que visualizar si hay algún problema, además de que la norma interna dice que un juez no puede estar más de tres años en un juzgado para evitar que crea intereses.
“Yo fui juez y estuve en muchos distritos judiciales, estuve en Cerritos, Guadalcázar, Valles, obviamente aquí en la capital, porque es parte de la función que desempeñamos”, agregó.
El pasado 26 de febrero, la magistrada Adriana Monter Guerrero, ratificó su queja ante la CEDH por violencia política ejercida en su contra presuntamente por Almazán Cue, ya que no se le respetó el derecho de ser ratificada como magistrada en 2017; así como que fue removida de su puesto al haber acusado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de haberle sugerido no continuar con el juicio de amparo que ella sostenía, “lo último, me degrada de ser secretaria del General de Acuerdos, a jefe de departamento y me manda al archivo judicial. Obviamente con la baja de las percepciones”.
Además de esta rectificación de queja se presentaron otras dos más en la CEDH en contra de Almazán Cue y el Consejo de Judicatura del Estado.
La segunda queja se presentó el 21 de febrero por parte del ex Juez de Primera Instancia Emilio Agustin Ortiz Monroy, por actos de discriminación, acoso laboral y remoción arbitraria de su puesto como Juez de Primera Instancia, después de que se negara a votar a favor del candidato, Carlos Díaz Flores, que apoyaba Almazán Cue en las elecciones para la renovación de la Asociación de Jueces del Estado en 2018.
La tercera queja que se presentó ante la CEDH gue por el juez Julián Ruiz Contreras, ya que ha recibido actos discriminatorios y acoso laboral, los cuales comenzaron cuando decidió dejar su cargo como Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito en Matehuala dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal para regresar al sistema penal tradicional por la falta de apoyo del Consejo de la Judicatura.
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