Carlos Rubio
El pasado martes 23 de julio, en el auditorio Manuel Gómez Morín del Congreso del Estado, se llevó a cabo la presentación del informe “Violación de Derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”, el cual reveló que existen aproximadamente nueve millones de personas asociadas al trabajo agrícola, entre los cuales se encuentra gente que carece de vivienda, seguridad social y servicios médicos, entre otras cosas.
Mayela Blanco Ramírez, integrante de la Coordinación de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, fue la encargada de presentar el informe y dar lectura a los datos más importantes que fueron recabados.
“La importancia de este informe que se titula ‘Violación de Derechos de las y los jornaleros agrícolas en México’, radica no sólo en la presentación de cifras de esta publicación, sino de visibilizar algunos de los abusos y, sobre todo, violaciones graves a sus derechos humanos”, dijo.
Para la realización de este informe se recabaron testimonios de personas provenientes de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las familias completas que emigran hacia los estados del norte del país es la falta de guarderías para dejar a los niños, esto propicia la necesidad de llevarlos al campo y que comiencen a trabajar.
Además, los niños y adolescentes se enfrentan a una educación escolar “quebrada”, ya que inician sus estudios en un lugar y ante la necesidad de su familia de irse a otro lado a buscar trabajo, dejan la escuela y no reinician sus estudios.
Generalmente las personas emigran por encontrarse en situaciones de pobreza o pobreza extrema. La mayor carencia con la que cuentan es la de seguridad social, seguida de accesos a servicios básicos de vivienda, acceso a la alimentación, el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud.
“La atención a la salud, en caso de que la haya, es burocratizada, lo cual puede representar un problema importante para las familias que no están registradas en el seguro social”.
La integrante de la Red Nacional de Jornaleros relató cómo las personas son engañadas por sus patrones, quienes les dicen que sí cuentan con seguro social, pero al momento de preguntarles su número, comentan que no han sido llevados a registrar.
Los jornaleros tampoco cuentan con interpretes ni traductores para llevar a cabo trámites administrativos, lo cual les imposibilita el poder contar con el servicio que proporciona el Sector Salud.
Una de las violaciones más importantes a sus derechos humanos se presenta en las condiciones de trabajo. El trabajador agrícola no cuenta con contratos de trabajo que especifiquen datos como nombre del patrón, empresa o rancho que lo está contratando, duración de la jornada de trabajo, actividades a desempeñar, salario y días de descanso.
Dada esta situación, en innumerables ocasiones a los jornaleros agrícolas se les dice que trabajarán sembrando por 200 pesos, pero terminan también cosechando y hasta recogiendo basura, finalmente por sólo 100 pesos.
Finalmente, Blanco Ramírez recordó el caso del accidente de tránsito en San Luis Potosí, en el que estuvieron involucrados 30 jornaleros, en el que fallecieron tres niños y 18 personas resultaron heridas, comentando que fue el único caso del que se tiene registro que se litigó y se llevó a espacios jurídicos con el fin de encontrar reconocimiento y justicia para los jornaleros mexicanos.
