María Ruiz
Los foros organizados por la Cámara de Diputados a nivel nacional para discutir la reforma judicial no solo han fracasado en su objetivo de crear un espacio de diálogo real, sino que han revelado una preocupante simulación de apertura. Estos eventos, disfrazados de consultas, según comentaron, han sido un escenario más en el que se buscó desprestigiar al Poder Judicial y quienes lo integran, sin intención alguna de escuchar las razones y preocupaciones de quienes defienden su independencia.
Así lo consideraron los trabajadores de este organismo, quienes a través de un comunicado informaron que, desde el inicio, el Gobierno Federal ha dejado claro que no está dispuesto a aceptar ninguna recomendación, ni de los propios actores judiciales ni de organismos internacionales.
La reforma, según quienes la critican, ha sido diseñada con el objetivo de debilitar el sistema judicial mexicano, lo que implica graves riesgos no solo para los trabajadores del Poder Judicial sino para toda la ciudadanía, que confía en este sistema para garantizar la justicia.
Los afectados informaron que los foros realizados por la Cámara de Diputados, lejos de buscar consensos o encontrar soluciones a los problemas del sistema judicial, parecen haber sido una estrategia para validar una decisión ya tomada.
Al invitar a los miembros del Poder Judicial Federal a participar, se pretendía dar una imagen de apertura y pluralidad, pero en realidad, según lo publicado por los trabajadores, el propósito era simular un diálogo y avanzar en una reforma que, a todas luces, para ellos busca aniquilar la carrera judicial.
La simulación, dijeron, no solo se limita a la apariencia de participación, sino que se extiende a la construcción de una narrativa que intenta desprestigiar a una institución clave para el funcionamiento de la democracia. Esto ha generado una crisis interna en el Poder Judicial, quienes dicen ver cómo se ignoran sus aportaciones y se minimizan los riesgos que implica esta reforma.
Por otro lado, los críticos de la reforma judicial han señalado que los cambios propuestos atentan directamente contra los derechos laborales de los trabajadores del sistema judicial y ponen en riesgo la administración de justicia para la población.
Explican que, si bien la reforma podría presentarse como un esfuerzo para mejorar el sistema, lo cierto es que se percibe como “una herramienta de control por parte del Ejecutivo y el Legislativo, poniendo en entredicho la separación de poderes”.
Las y los afectados señalan que la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales en cualquier democracia. Sin embargo, la reforma parece dirigida a debilitar esa autonomía, dejando al Poder Judicial a merced de los otros dos poderes de la Unión.
“Esto no solo vulnera los derechos de los trabajadores judiciales, sino que también compromete la capacidad de los jueces y magistrados para impartir justicia de manera imparcial”, se lee en el documento.
Ante este panorama, el llamado a la resistencia por parte de los integrantes del Poder Judicial Federal no es solo legítimo, sino también necesario.
La convocatoria a un paro indefinido de labores, con la excepción de las guardias para casos urgentes, es una medida drástica para ellos, pero comprensible en vista de la magnitud del ataque que se percibe contra la institución.
Los trabajadores del Poder Judicial, quienes apuntaron que han dedicado su vida a la defensa de la justicia, enfatizaron también que se encuentran en una encrucijada histórica, pues no actuar implica “aceptar tácitamente las decisiones tomadas desde el Ejecutivo y Legislativo”, y por ello han decidido alzar la voz y hacer visible el atropello que sufren.
Aunque aclaran que sus acciones de resistencia no buscan paralizar completamente el sistema de justicia, sí desean limitar su funcionamiento para garantizar que los casos urgentes sean atendidos y escuchados.
El conflicto entre el Poder Judicial y Ejecutivo pareciera no tener una solución abierta, similar a lo que acontece en San Luis Potosí, donde empleados jubilados y activos han expuesto adeudos y violaciones a sus derechos laborales sin tener una solución clara.
“La crisis que se vive actualmente en México es, en gran medida, producto de una falta de diálogo real y de decisiones arbitrarias tomadas desde el poder. La pasividad con la que se ha permitido que esto ocurra ha llevado a un punto crítico en el que las instituciones fundamentales de la democracia están en peligro”, detallan.
En este contexto, la convocatoria a la unidad y la resistencia, remarcan, es un llamado a defender sus derechos laborales como trabajadores del sistema judicial, sino también a proteger uno de los pilares fundamentales de la democracia en México.
