Leticia Vaca
Después de 19 años de trabajo, el refugio Otra Oportunidad. A.C., “apoyo para mujeres que viven violencia”, único en San Luis Potosí, corre el riesgo de cerrar, tras la decisión del Gobierno Federal de suspender la convocatoria pública para la asignación de subsidios para este tipo de organizaciones.
A través de un comunicado firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se informó que a partir del 18 de febrero se suspende la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para las mujeres y sus hijos.
Decisión que Elizabeth Rapp Saint Martin, presidenta de Otra Oportunidad, calificó como un gravísimo error e hizo responsable al Presidente de la República de todas las muertes que sucedan si este refugio cierra, “no lo aceptamos, esto nos tomó completamente de sorpresa, nosotros no somos intermediarios, somos proveedores de servicios de espacios seguros y atención especializada de todo lo que una mujer requiere para la garantía de la vida, eso es lo que hacen los refugios”.
Este refugio brinda servicio las 24 horas del día los 365 días del año. Actualmente atiende a 70 personas, entre mujeres, niñas, niños y adolescentes a quienes se apoya con manutención, servicios, atención especializada, medicamentos, pañales, leche para los lactantes, es decir, cubre todas las necesidades de las personas que acuden a pedir ayuda.
Estos refugios trabajaban con la Secretaría de Salud Nacional a través del Centro Nacional Equidad, Género y Salud Reproductiva, del cual recibían un subsidio de 10 millones de pesos con el que sólo se lograba cubrir los gastos de ocho meses, además de una aportación Estatal de tres millones de pesos anuales.
Sin embargo, Rapp Saint Martin comentó para Astrolabio que dicha aportación no es suficiente, “cuatro meses del año se quedan volando y tenemos que buscar lo que se tenga que buscar, no podemos rechazar ni una sola mujer que está en riesgo de perder la vida, ninguna, porque de eso se trata, de la vida”.
La activista Arely Torres Miranda, a quien también se le pidió su postura al respecto, consideró una incongruencia la decisión del Gobierno Federal, que impacta directamente en la vida de las mujeres, puesto que los refugios son lugares donde las mujeres pueden conservar la vida.
“Nos parece una incongruencia, porque justo hacía unos días se había decretado al feminicidio como un delito grave, y los refugios lo que hacen es salvar las vidas de las mujeres que están en peligro de ser víctimas de violencia feminicida”.
“El refugio que tenemos en San Luis Potosí es incluso un modelo nacional por la efectividad y el nivel de atención que da; es de una sociedad civil y hace el trabajo que el gobierno no ha podido hacer (…) no se nos debe de olvidar que tenemos un estado con alerta de violencia de género y que sigue aumentando, y que de cerrarse o impactar en recursos, implica el riesgo de que sigan aumentando estas cifras de violencia feminicida”, agregó Torres Miranda.
Ante esta emergencia, dijo, el presupuesto local tiene que ser aumentado, sería una de las medidas más viables; también se está a la espera de que se dé marcha atrás a lo que sería una violación a los Derechos Humanos de las mujeres.
“En el Estado tenemos una emergencia feminicida, el refugio no solamente atiende a las mujeres, también a sus hijos menores de edad. Esto es fundamental, porque un gran tema pendiente que tenemos, es qué hacemos con los hijos e hijas que quedan huérfanos”.
Pese a la incertidumbre, la activista confía en que las aliadas que tienen tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión, también harán lo propio para dar reversa a esa situación, “estamos trabajando en estrategias y estamos hablando de llevar el tema incluso a las instancias internacionales”.
