María Ruiz
Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia se presentaron a las afueras del Congreso del Estado para exigir que se apruebe el presupuesto destinado a la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios y muertes violentas de mujeres.
También hicieron un llamado al fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, para crear este órgano público autónomo.
Según lo referido por este movimiento global, estas acciones son el resultado de un proceso de lucha y activismo inmerso en el proceso por la obtención de justicia en el caso de la joven Karla Pontigo Lucciotto, quien fue víctima de feminicidio hace ya casi 10 años, el 28 de octubre de 2012.
“Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, es momento de presentar un proyecto al Congreso del Estado de San Luis Potosí para la creación de una Fiscalía Especializada para investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres en San Luis Potosí”, señalaron activistas.
Esta petición también nace de las familias víctimas colaterales de feminicidio y muertes violentas contra mujeres en el estado, ya que el 18 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la desaparición de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI).
Luego de este hecho, la Fiscalía dio a conocer el pasado 20 de julio de este año que le “daría prioridad” a la creación de la Fiscalía especializada. No obstante, este compromiso no se ha cumplido.
Una acción, según lo referido por los colectivos de familias, que no contribuye a los procesos jurídicos-penales en el proceso de investigación del asesinato violento contra mujeres, el contexto social que envuelve a esta problemática, y a la narrativa y semántica que prevalece en este ejercicio de extrema violencia.
De acuerdo con los “Resultados de información diagnóstica del Análisis de Carpetas Asignadas a la Unidad de Investigación de Feminicidios y Acceso a la Justicia” de 2016 a finales de 2021, de 112 carpetas de investigación por muertes violentas contra mujeres establecidas por la FGE, solo 56 fueron identificadas como feminicidio y 44 como homicidio doloso, con 11 reclasificaciones.
Del total de estos casos, en 109 se identificó la identidad de la víctima, 15 fueron vinculados con el crimen organizado y cinco por trata de personas y trabajo sexual.
Sin embargo, solo en 27 casos se identificó al victimario, seis cuentan con orden de aprehensión emitidas y cuatro han sido ejecutadas; 90 cuentan con informes periciales suficientes, 90 omitieron la practica de elementos periciales, 82 cuentan con informes policiales insuficientes y en 83 se detectó la práctica de actuaciones policiales relevantes.
