Abelardo Medellín
Víctimas del fraude cometido por el empresario Gabriel Salazar Soto y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado presentaron nuevas evidencias sobre sus casos e informaron que se ha ampliado la denuncia penal que presentaron desde 2019 ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el abogado Tomás Coronado Zárate, quien estuvo presente en la rueda de prensa virtual, las víctimas de defraudación prefirieron denunciar estos avances legales a través de las redes sociales de la asociación civil Ciudadanos Observando debido a que en la anterior reunión que habían citado para hablar a medios fueron amedrentados por trabajadores del Sector Salud:
“Hemos sido amedrentados por parte del personal o trabajadores del Sector Salud que, en el caso anterior, el señor Salazar Soto llevó un grupo de choque para inclusive causar daño hacia las víctimas”, señaló Coronado Zárate, quien afirmó que por dichos motivos y riesgos habían cancelado la rueda de prensa anterior.
Explicó que la nueva ampliación de denuncia presenta pruebas del supuesto involucramiento de Antonio Hernández Hernández, quien sería director administrativo de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y estaría involucrado en los hechos de defraudación y corrupción dentro de la dependencia.
“Descubrimos en la página de transparencia de la Secretaría de Salud un contrato apócrifo, donde señalan que firmaron las dos víctimas un contrato de prestaciones de servicios donde adquirieron jugosas cantidades que han sido utilizadas de forma corrupta”, dijo el abogado.
Las dos víctimas relacionadas con este nuevo contrato apócrifo dentro de la Secretaría de Salud son Olivia Guadalupe Sánchez Enciso y Leo Martínez Acuña, quienes en expusieron que el empresario Salazar Soto no sólo robó a muchas personas, sino que afectó gravemente las finanzas de ciertas empresas donde Gabriel Salazar fungió como contador.
“Se postula para cargos que no le corresponden, es una verdadera persona que es un sin vergüenza, se ostento como contador, nunca llevó la contabilidad, nos metió en problemas con el SAT, utilizó nuestros sellos para obtener jugosas cantidades a sus cuentas por medio de la Secretaría de Salud sin involucrarnos a nosotros mas que para lo que él decidía”, criticó Guadalupe Sánchez.
Por su parte, Leo Martínez presentó uno de los contratos a través del cuál se realizó el fraude a su empresa por 3.5 millones de pesos.
Sobre este contrato apócrifo firmado con sellos de la empresa sin autorización de los titulares, indicó que dicho documento fue expedido y recibido por la Secretaría de Salud el 31 de marzo del 2017 y en ese mismo día se generó la transacción, la transferencia y la facturación, en un movimiento poco usual e irregular para una dependencia como esa: “¿cómo es posible? […] yo nunca he estado en la Secretaría de Salud en los 15 años que tengo aquí en San Luis Potosí, ¿cómo es posible que haya firmado este contrato?, por eso hacemos la ampliación de demanda, adicional a lo anteriormente comentado del fraude hecho por Salazar Soto ostentándose como contador y utilizando nuestros sellos fiscales”.
El abogado afirmó que las formas en que la Secretaría de Salud ha actuado en contubernio con Gabriel Salazar Soto revelan una forma recurrente de defraudación a través de falsificación de firmas.
En este sentido, hizo un llamado a la autoridad estatal para que investigue a fondo los contratos apócrifos dentro de los Servicios de Salud, pues “no podemos estar en un estado de indefensión y que al día de hoy esta gente siga de manera impune diciendo que son gente honesta; desgraciadamente sabemos que hay un cierto apoyo de parte del mismo gobierno y es decepcionante que esto siga ocurriendo”.
Finalmente, Coronado Zarate señaló que las formas en que Salazar Soto ha trabajado en contra de las víctimas de defraudación evidencia “que el señor Salazar sólo ha buscado amedrentar a la gente y amenazarla […] en caso de que no se vea buena intención de la autoridad por investigar, solicitaremos que por conflicto de intereses esto se traslade a otro estado para que se imparta justicia”.
