Por Victoriano Martínez
Los casos de Canelo, Gordo y Negrito fueron ampliamente difundidos y causaron indignación a principios de año, al grado de que la historia de los dos primeros formó parte de los argumentos de la exposición de motivos para incorporar al Código Penal penas de cinco años por causar la muerte a animales domésticos y/o silvestres, y de uno y dos años por casos de maltrato.
Sobre los tres casos la Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación, dado que se trata de delitos que se persiguen de oficio, y ya han sido judicializados.
Canelo fue un perro comunitario en la colonia Valle de Jacarandas, que murió apuñalado; Gordo un perro chihuahueño que fue maltratado en la colonia Loma Verde. Sobre estos dos casos, la FGE informó que los responsables “cumplieron conforme lo marca la ley, realizando las reparaciones del daño respectivas, entre otras acciones impuestas”.
En cuanto al caso de Negrito, el perro atropellado en el fraccionamiento Villa Magna, el responsable se encuentra vinculado a proceso y, por no tratarse de un delito al que se aplique prisión preventiva oficiosa, el imputado enfrenta el procedimiento en libertad.
El pasado viernes, la organización Amigos de Corazón México, dedica al rescate y adopción de perros en situación de abandono, informó sobre el hallazgo de 25 perros, dos gatos, un coyote y un zorro muertos en las inmediaciones de la comunidad San José de Buenavista.
A través de nueve videos transmitidos desde su cuenta de Facebook, la organización exhibió la forma en que encontraron los cadáveres de los animales y los subían a una camioneta en tanto pedían el apoyo de las autoridades.
No todos los cuerpos fueron rescatados, dado que algunos se encontraban calcinados y otros en estado de descomposición prácticamente total.
A lo grave que resulta la cantidad de animales muertos presuntamente por envenenamiento, se suma el hecho de que pudo tratarse de agua envenenada en un arroyo que pasa por el sitio donde se les encontró, pues no sólo puede afectar a los perros, gatos y otras especies silvestres, sino a los habitantes de la zona.
Desde que se reformó el Código Penal para endurecer las penas sobre maltrato y muerte de animales, se trata del primer caso de tales proporciones que representa para la Fiscalía cuya efectividad podría contrastar con la que hasta ahora le ha permitido informar de buenos resultados sobre los mencionados tres casos que se volvieron mediáticos.
La propia Fiscalía abre expectativas sobre lo que se puede esperar de la investigación y aplicar justicia cuando en su cuenta de Twitter pública un video que explica lo que es el maltrato animal, refiere los tres casos judicializados y remite a un comunicado en el que, entre la misma información del video reporta de manera escueta que investiga el caso de San José de Buenavista:
“…la institución de procuración de justicia investiga la muerte de diversos perros, gatos y otros animales ocurrida en la localidad de San José de Buenavista, de la ciudad de San Luis Potosí”.
Si en los casos anteriores el gobernador Ricardo Gallardo Cardona adoptó un papel protagónico desde su cuenta de Facebook para anunciar medidas contra el maltrato animal como la iniciativa para endurecer las penas, en esta ocasión ese espacio está acaparado por el prolongado Festival Navideño que, a pesar de las numerosas víctimas, no le han merecido ningún comentario.
El 24 de febrero publicó un video en el que no sólo se congratuló por la aprobación del incremento de las penas contra quien maltrate o mate animales, sino que además anunció una “clínica hospitalaria” para atender mascotas, que contaría con refugio y un crematorio.
A más de nueve meses, el cumplimiento de aquella promesa resulta oportuno para la incineración de los 29 cadáveres de perros, gatos y animales silvestres localizados en San José de Buenavista… aunque no hay registro de que esa clínica se haya puesto en operación.
