Por Victoriano Martínez
Todo asesinato es condenable y Juan Manuel Carreras López acumula en su sexenio, entre el 25 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2021, 4 mil 536 homicidios, de los cuales 2 mil 744 fueron dolosos, es decir, ejecuciones. Nunca imaginó el gobernador que a esa larguísima lista de asesinatos se sumaría el del dirigente de Coparmex, Julio César Galindo Pérez.
Por su condición de representante empresarial y, en consecuencia, figura pública, el asesinato de Galindo Pérez no resulta ser uno más: la condena e indignación pública manifestada desde todos los sectores por el círculo en el que se movía es difícilmente comparable con la indignación que se genera en torno a la ejecución de un desconocido, de un personaje anónimo, sin rostro.
La indolencia con la que Carreras López y su gabinete de seguridad se han aferrado a una estrategia fallida que justifican con pretextos por una situación generalizada en el país o disputas entre grupos del crimen organizado para dejar la mayoría de los homicidios impunes, hoy está sometida a prueba.
No es lo mismo ignorar el asesinato de un desconocido sin rostro que el de alguien con quien incluso ellos mismos han convivido, por quien en menos de 24 horas se realizará una marcha para exigir justicia este martes a las 11:00 horas, del Jardín de Tequis a la Plaza de Armas.
Y no es porque la vida de Galindo Pérez valga más que la de tantos asesinados impunemente, sino porque su asesinato exhibe la licencia que se han tomado los criminales, alimentados por la impunidad que los responsables de procurar justicia, por negligencia o hasta complicidad, les han dejado tomarse para actuar en cualquier espacio o contra cualquier persona.
Los crímenes ocurren lo mismo a espaldas del Palacio de Gobierno que a unas cuantas cuadras, o en las cercanías del propio edificio de Seguridad Pública, y los criminales no tienen ningún problema para huir, mucho menos para mantenerse impunes.
Y no sólo ante casos de víctimas anónimas, que si provocan indignación pública es porque son muchas. También está el caso del fotoperiodista Daniel Esqueda Castro está por cumplir tres años cuatro meses que se mantiene en la impunidad a pesar de que Carreras López prometió justicia ante la protesta del gremio periodístico. Ya hizo la misma promesa para el caso Galindo Pérez.
Si un homicidio impune es dejar abierta la puerta para los siguientes, en la impunidad en que se mantienen la inmensa mayoría de las 2 mil 744 ejecuciones que van en el sexenio de Carreras López podría estar parte de la explicación sobre el galopante crecimiento de los asesinatos en los últimos cinco años.
Las ejecuciones prácticamente se han triplicado durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López, al pasar de 257 víctimas en 2015 a 732 en 2020. Una macabra cifra que, para este año, no da señales de disminuir: Tan sólo en el mes de enero se registraron 73 ejecuciones, cuando en 2020 el promedio mensual fue de 61.
Si en el primer mes del año hubo 12 ejecuciones más que el promedio mensual del año pasado y los sicarios ya no tienen empacho en cometer crímenes calificados como atrocidades o ejecuciones que provocan tanta indignación como el caso de Galindo Pérez, el 2021 con Carreras López y su fallida estrategia de seguridad amenaza con ser el año más peligroso del sexenio.
