Estela Ambriz Delgado
Tan sólo en el municipio de San Luis Potosí cerca de 6 millones de metros cúbicos anuales de agua que están concesionados como uso agrícola en realidad son para fraccionamientos de alta plusvalía e industria en su mayoría; en la Zona Huasteca existen diversos casos donde empresas y hoteles cuentan con mayores volúmenes de agua que un municipio entero, según lo informado por el Consejo Hídrico Estatal y la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina.
En la reunión para la conformación del Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua en San Luis Potosí llevada a cabo el 29 de octubre, el integrante del Consejo Hídrico Estatal, Edgar Hilario Piña Hernández, dio a conocer algunos de los datos más relevantes que han encontrado en un primer análisis de concesiones hídricas en San Luis Potosí.
En este análisis han identificado asignaciones que no corresponden con el uso de agua real por cerca de 6 millones de metros cúbicos anuales que están concesionados como usos agrícolas cuando se encuentran dentro de la mancha urbana, y se encontró que los principales usuarios son fraccionamientos de alta plusvalía, industria e inclusive una iglesia evangélica.
Por ello hacen un llamado a la revisión exhaustiva de todas esas concesiones, que implican parte del proceso de sobre extracción del acuífero local, así como una importante fuga de ingresos a los organismos operadores locales, que se encuentran en permanente déficit por falta de ingresos.
Además, el arquitecto indicó que existe un rubro que se llama “otros usos” que no especifica exactamente a qué se destina el agua; ahí encontraron también más de un millón de metros cúbicos que, al revisar a detalle, corresponden a fraccionamientos e industria que operan actualmente en la zona metropolitana.
Como otro ejemplo de irregularidades en el manejo del recurso hídrico, Edgar Piña mencionó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la termoeléctrica en Villa de Reyes consume más de 16 millones de metros cúbicos al año, siendo el principal consumidor por volumen en la zona, la cual está bajo estrés hídrico permanente.
Por su parte, el representante de la Contraloría Autónoma del Agua en la Huasteca Potosina, Rogel del Rosal Valladares, precisó que la suma total de agua concesionada en el estado es de 2.380 millones 683 mil 813 metros cúbicos anuales, de los cuales para “uso agrícola” se destinan mil un millones 343.413; para generación eléctrica, 390 millones 166 mil; uso público urbano, 662 millones 783 mil 133; y para diferentes usos, los cuales no se especifican, 2 mil 380 millones.
En ese último rubro se ha detectado se encuentran empresas ganaderas, las cuales resulta incomprensible que se considere en diferentes usos, cuando el control de la cadena productiva en uno es para agrícola y el otro es para el procesamiento de la carne.
Algunos casos de injusticia hídrica en la zona Huasteca
Rogel del Rosal hizo mención de algunos ejemplos para demostrar la asimetría en la distribución del recurso hídrico, como el caso del municipio de Ébano con cerca de 40 mil habitantes, y una asignación de 2 millones 855 mil 783 metros cúbicos anuales de agua, mientras que el Hotel Taninul tiene una concesión de 5 millones 542 mil 928 metros cúbicos anuales, casi el doble que la población.
De igual manera, señaló a las empresas Praderas Huastecas y Grupo GUSI, la primera se dedica a la producción de forraje y tiene 6 millones 763.806 metros cúbicos anuales de agua, y la segunda al procesamiento de 162 mil toneladas de carne anual de mil 200 vacas sacrificadas diariamente y una buena parte de exportación, cuenta con 11 millones 5974 metros cúbicos anuales.
Además de las Plantas Termoeléctricas del Golfo y Peñoles en Tamuín, y otra en Tamazunchale, que en suma acaparan 27 millones 191 mil 200 metros cúbicos anuales, además de que en el caso de las dos primeras usan un combustible altamente contaminante para el suelo, aire y agua, que produce lluvia ácida; por si fuera poco, fueron creadas de manera irregular con la expropiación de 2 mil hectáreas del ejido La Palma para un supuesto centro de educación.
Por otra parte, indicó que desde el año 2011 existían dos concesiones para el gobierno del estado de Nuevo León, para trasvasar 473 millones 40 mil metros cúbicos anuales para uso público urbano, que en un inicio se llamó proyecto Monterrey VI, y aunque una de estas ya fue cancelada, sobrevive la segunda con la misma cantidad de volumen, aunque con el nombre de proyecto Pánuco.
Al respecto de dicho caso, se considera que es posible exigir su cancelación, pues de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, que estipula que en caso de no hacer uso del título de concesión en los dos primeros años se cancela, por lo que es un planteamiento que se hace a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la revisión de todas las concesiones en el estado y la aplicación de las sanciones que correspondan.
