Por Victoriano Martínez
Tras ocho años de buscar que se le haga justicia como víctima de acoso y abuso sexual y enfrentar violencia institucional, según lo acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 03/2021, María de Jesús Armendáriz Prieto hoy identifica a siete responsables más de frenar su lucha: nueve diputados del Congreso del Estado.
El pasado 22 de marzo, Marychuy –como es conocida– presentó una queja más ante la CNDH. En esta ocasión acusa a las diputadas Sonia Mendoza Díaz y Vianey Montes Colunga de violar su derecho de petición desde sus posiciones como presidentas del Poder Legislativa, cada una en su momento.
La queja también se dirige contra los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos: Marite Hernández Correa, como presidenta; Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta; Martha Barajas García, secretaria, y los vocales Pedro César Carrizales Becerra, Angélica Mendoza Camacho, Maria Isabel González Tovar y Rolando Herbert Lara.
“Los Diputados tenían en sus manos llamar a requerir al titular (de Seduvop) Leopoldo Stevens Amaro desde el 2013, y hubiera parado la violencia Institucional que traían todos los servidores públicos contra mí”, expuso en el texto de su queja.
Mary Chuy hace un recuento de los oficios que dirigió a Mendoza Díaz en 2018, a Carrizales Becerra y Hernández Correa, así como a Montes Colunga, y reporta que en todos los casos no se le dio respuesta.
“Este Poder Legislativo es omiso y me deja en Estado de Indefensión, ya que cómo puedo confiar en el Poder Legislativo si ellos mismos no respetan las Leyes de los Derechos Humanos como lo es el Articulo 29 de la Ley de los Derechos Humanos”, escribió en su queja.
El pasado 1 de marzo, la CNDH emitió la recomendación 3/2021, dirigida al gobernador Juan Manuel Carreras López, en la que se acredita además acoso laboral por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado.
“El análisis del caso permitió a la Comisión constatar violaciones a los derechos humanos a vivir una vida libre de violencia, al trabajo digno, a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, además de que se ejerció acoso laboral y violencia institucional en contra de la víctima”, reportó la CNDH en el comunicado emitido al dar a conocer la recomendación.
Marychuy menciona en su queja que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha solicitado al Congreso la comparecencia del titular de Seduvop como efecto de recomendaciones locales que también se han emitido por su caso, pero ni a esa instancia le responden los diputados.
Entre los agravios que menciona se encuentra el hecho de que Juan Martin Gatica Izaguirre, su acosador, labora en el Congreso del Estado, donde lo protegen a pesar de que desde el 16 de abril de 2019 existe una sentencia condenatoria en su contra por los delitos de abuso y acoso sexual.
“Hay una Ley de Acceso a una vida libre de violencia, que ha sido letra muerta para mí, ya que la mayoría de mis recomendaciones es por violencia contra las mujeres y a un trato digno, que ninguna autoridad ha querido darme un trato digno, como mujer como trabajadora, todo por haberme atrevido a denunciar a un líder sindical”, expone en su queja.
Hasta ahora, la violencia institucional en contra de Marychuy está acreditada como proveniente de dependencias del Poder Ejecutivo. Con su queja ante la CNDH contra los nueve diputados, la resolución que emita esa instancia determinará si Marychuy es víctima de dos de los tres poderesAcusa Mary Chuy ante la CNDH al Congreso del Estado de dejarla en indefensión
Por Victoriano Martínez
Tras ocho años de buscar que se le haga justicia como víctima de acoso y abuso sexual y enfrentar violencia institucional, según lo acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 03/2021, María de Jesús Armendariz Prieto hoy identifica a siete responsables más de frenar su lucha: nueve diputados del Congreso del Estado.
El pasado 22 de marzo, Mary Chuy –como es conocida– presentó una queja más ante la CNDH. En esta ocasión acusa a las diputadas Sonia Mendoza Díaz y Vianey Montes Colunga de violar su derecho de petición desde sus posiciones como presidentas del Poder Legislativa, cada una en su momento.
La queja también se dirige contra los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Marite Hernández Correa, como presidenta; Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta; Martha Barajas García, secretaria, y los vocales Pedro Cesar Carrizales Becerra. Angélica Mendoza Camacho, Maria Isabel González Tovar y Rolando Herbert Lara.
“Los Diputados tenían en sus manos llamar a requerir al titular (de SEDUVOP) Leopoldo Stevens Amaro desde el 201, y hubiera parado la violencia Institucional que traían todos los servidores públicos contra mí”, expuso en el texto de su queja.
Mary Chuy hace un recuento de los oficios que dirigió a Mendoza Díaz en 2018, a Carrizales Becerra y Hernández Correa, así como a Montes Colunga y reporta que en todos los casos no se le dio respuesta.
“Este poder legislativo es Omiso y me deja en Estado de Indefensión, ya que cómo puedo confiar en el Poder Legislativo si ellos mismos no respetan las Leyes de los Derechos Humanos como lo es el Articulo 29 de la Ley de los Derechos Humanos”, escribió en su queja.
El pasado 1 de marzo, la CNDH emitió la recomendación 3/2021, dirigida al gobernador Juan Manuel Carreras López, en la que se acredita además acoso laboral por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo del Estado.
“El análisis del caso permitió a la Comisión constatar violaciones a los derechos humanos a vivir una vida libre de violencia, al trabajo digno, a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, además de que se ejerció acoso laboral y violencia institucional en contra de la víctima”, reportó la CNDH en el comunicado emitido al dar a conocer la recomendación.
Mary Chuy menciona en su queja que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha solicitado al Congreso la comparecencia del titular de SEDUVOP como efecto de recomendaciones locales que también se han emitido por su caso, pero ni a esa instancia le responden los diputados.
Entre los agravios que menciona se encuentra el hecho de que Juan Martin Gatica Izaguirre, su acosador, labora en el Congreso del Estado, donde lo protegen a pesar de que desde el 16 de abril de 2019 existe una sentencia condenatoria en su contra por los delitos de abuso y acoso sexual.
“Hay una Ley de Acceso a una vida libre de violencia, que ha sido letra muerta para mí, ya que la mayoría de mis recomendaciones es por violencia contra las mujeres y a un trato digno, que ninguna autoridad ha querido darme un trato digno, como mujer como trabajadora, todo por haberme atrevido a denunciar a un líder sindical”, expone en su queja.
Hasta ahora, la violencia institucional en contra de Mary Chuy está acreditada como proveniente de dependencias del Poder Ejecutivo. Con su queja ante la CNDH contra los nueve diputados, la resolución que emita esa instancia determinará si Marychuy es víctima de dos de los tres poderes.
