Por Victoriano Martínez
Cuando la confusión politiquera ha llevado al extremo el creer que obtener la mayoría en una elección los convierte en amos y señores de todo lo público al grado de avasallar y someter a cualquier otro poder o institución que tendría que ser contrapeso, la sociedad civil ha aparecido como la impulsora de medidas para contener a un gobernador abusivo.
La oficiosa sumisión del Poder Legislativo a los caprichos y ocurrencias del gobernador Ricardo Gallardo Cardona; la invisibilidad del Poder Judicial; la nula dignidad de los organismos autónomos, incluida la UASLP; el silencio cómplice de los partidos de oposición; la zalamería desde el sector empresarial, y algunas cosas más son el alimento de la megalomanía gubernamental.
Una megalomanía que lo mismo derrocha más de 500 millones de pesos del erario en su gusto personal por la charrería con una Arena Potosí construida a la carrera, que convierte lo que tendría que ser un festejo anual de todos los potosinos en un festival musical de conciertos masivos en torno a toda una parafernalia de culto patológico a la personalidad.
Un culto con tal ejército de oficiantes convenencieros que anteponen sus intereses particulares y los beneficios que puedan obtener de quien ostenta el poder, así sólo sean migajas, a los de la comunidad y, al hacerlo, convencen a Gallardo Cardona de que todo lo puede.
Es claro que quienes legal e institucionalmente deben velar por ponerle límites y conminarlo a ajustarse al interés general por la vía del estado de derecho no están dispuestos a hacerlo por preservar sus prebendas. Todo lo podría, salvo que la ciudadanía no es una masa clientelar y sin voluntad propia como para no protegerse de lo que sabe que le va a causar un perjuicio.
La intención de Gallardo Cardona de eliminar los 867 árboles de los camellones de la avenida Himno Nacional se topó en junio de 2022 con vecinos conscientes del valor ambiental de esa vegetación, y opusieron resistencia que incluyó la tramitación de un amparo para proteger el área arbolada.
Fue la primera señal de que cualquier proyecto con repercusiones para los vecinos de donde se vaya a realizar, o los usuarios de esa infraestructura, debe considerar los intereses de ambos.
Cuatro meses antes, en febrero de 2022, Gallardo Cardona había anunciado la rehabilitación de la Alameda, que incluía la construcción de tres puentes atirantados que conectarían el Centro Histórico con el nuevo “Parque Central Alameda”, cuya obra iniciaría tras contar con las autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El anuncio de la obra provocó reacciones de organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacó el pronunciamiento el colectivo Vida Sobre Ruedas, que calificó el proyecto como una idea retrograda, onerosa y pensada a través de una política pública del siglo pasado.
Aunque en esa ocasión no había una obra en arranque, las manifestaciones de oposición al proyecto inauguraron la reacción de Gallardo Cardona ante toda manifestación en contra de sus ocurrencias: son los mismos negativos de siempre que se oponen al progreso.
Después de 20 meses de que aquella obra quedó en suspenso, Gallardo Cardona nuevamente insiste en el proyecto y hoy responsabiliza al INAH de no haber podido comenzar con esa remodelación.
“Ya teníamos todo listo para arrancar, teníamos la fecha de arranque, la licitación ya se había hecho, ya estaba todo proceso. La primera inversión era de 85 millones y ese dinero se tuvo que mover a otro municipio”, aseguró.
Si cumpliera con sus obligaciones de transparencia, desde hace un año se conocería el resultado de la licitación, la empresa ganadora, las condiciones del contrato y, ante la no realización de la obra, las indemnizaciones que tendría que haber pagado a la empresa ganadora de ese concurso. Pero esa información está oculta o no existe, lo que suma mitomanía a la megalomanía gubernamental.
El caso de los adoquines del Barrio de San Miguelito ha mostrado una escalada en la descalificación de quienes se oponen a las ocurrencias de Gallardo Cardona: la movilización de una estructura afín para a la agresión, la amenaza y el chantaje.
“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de todos los niveles a buscar el diálogo y detener las agresiones y calumnias en nuestra contra”, pidió la Comisión de vecinos del Barrio de San Miguelito a las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno mediante un comunicado.
Una escalada que al mismo tiempo incluye una simulación de diálogo, dado que los acuerdos que se toman no son respetados, como no incluir en el proyecto drenaje y tuberías de agua potable, no solicitar los estudios al Interapas donde se muestran tuberías de drenaje colapsado y tuberías rotas de agua potable, mantener las banquetas y evitar destruir los adoquines.
Las acciones de contención por parte de la ciudadanía han tenido resultados a pesar de que las instituciones que tendrían que hacerlo por ser su razón de existir han declinado de manera vergonzosa.
Una reacción ciudadana que difícilmente puede ser de “los mismos de siempre” porque sería tanto como reconocerles cierto grado de omnipresencia que en tiempos de avasallamiento clientelar no es muy fácil que se puede tener.
Reacciones ciudadanas, pues, que más vale tener presentes para considerar que desde otros sectores desde donde ya han visto a sus vecinos con ocurrentes proyectos afectar, se comienzan a organizar para cuando les toque poder reaccionar.
