Carlos Rubio
Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que se resolviera el conflicto de los servicios médicos de los burócratas, la Oficialía Mayor envió un oficio a la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, con el fin de restablecer el servicio para los trabajadores.
Aunque el oficio DARH/01/0502/2023 tiene fecha del 28 de febrero de 2023, el oficial mayor Noé Lara Enríquez solicitó a Garrido Rojano que su petición de dar de alta nuevamente a los trabajadores “tenga efecto a partir del 23 de febrero de 2023”.
Fue ese mismo 28 de febrero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema durante su conferencia matutina, a pregunta expresa de un reportero.
“Hay que hablar con el gobernador Gallardo, no creo que vaya a haber ningún problema, él está trabajando de manera coordinada con nosotros y poner por delante el derecho a la salud. [Los trabajadores] tienen el derecho a ser atendidos y ojalá, con amparo o sin amparo, hoy mismo [el diferendo] quede resuelto”, dijo el presidente durante “La Mañanera”.
El documento cuenta con dos horas escritas: las 12:40 y las 02:41 horas. Ambas ocurrieron después de la petición de López Obrador, quien también solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, comunicarse de inmediato con Gallardo Cardona para resolver la situación.
En el oficio, Lara Enríquez pidió a Garrido Rojano que a la brevedad posible se le “informe el monto de las cuotas de seguridad social correspondientes para estar en posibilidad de realizar el pago bajo las mismas condiciones en que se venía realizando antes de su baja”.
Ante la negativa del Juzgado Segundo de Distrito, el 22 de febrero el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito otorgó la suspensión provisional a los trabajadores del Estado, para que no se les prive de los servicios del IMSS, recurso que fue promovido por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).
Desde el 31 de enero, el Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona suspendió el pago de cuotas de trabajadores al IMSS, con la intención de que únicamente contaran con un servicio médico privado, el cual, según denunciaron, no cubría el costo de padecimientos graves.
El deficiente manejo de este conflicto por parte del Gobierno del Estado tuvo su origen desde el viernes 13 de enero, cuando, a través de rumores, la burocracia se enteró de la intención de las autoridades de retirarles el acceso al IMSS.
El hecho fue confirmado cinco días después por la Oficialía Mayor a través de Eduardo Segovia Martínez, subdirector de Recursos Humanos, quien informó a los burócratas que únicamente se quedarían con el servicio del seguro privado, que brindaba el Hospital de la Salud y que apenas cubría un monto de 350 mil pesos.
La suspensión que el Tribunal otorgó a los trabajadores desató dos embates del Gobierno estatal; primero del gobernador Ricardo Gallardo, quien declaró que con dicho recurso jurídico, los burócratas “lo único que están haciendo es cavando su tumba política y laboral”.
Dos días después, el 26 de febrero, las palabras se convirtieron en hechos, pues desde el SUTSGE se comenzó a denunciar el desalojo de trabajadores enfermos de gravedad de los hospitales, ante la cancelación del seguro privado por parte del Gobierno del Estado.
Después de las declaraciones de López Obrador, el conflicto pareció haber bajado sus decibeles, ya que tanto Gobierno como burócratas no han vuelto a mencionar el tema, pero se mantiene la expectativa de que el Tribunal otorgue una sentencia definitiva en el caso.
