Por Victoriano Martínez
La determinación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante la que acredita la existencia de violaciones al octavo párrafo del artículo 134 constitucional en la promoción personalizada del alcalde Ricardo Gallardo Juárez es un triunfo de la ciudadanía, que de distintas forman ha señalado desde hace tiempo esa irregularidad.
Manuel Nava Calvillo, integrante del grupo ciudadano que ha promovido diversas acciones para buscar que el alcalde perredista se ajuste a la legalidad, consideró que ahora será necesario por parte de la ciudadanía presionar para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) aplique las sanciones que correspondan.
“Fue una victoria importante porque ante una rebeldía total del alcalde Ricardo Gallardo en cuanto al uso de recursos del estado para promover su imagen, la decisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un paso importante para restablecer la legalidad”, dijo.
Agregó que si bien es cierto que se turna el caso a la Auditoría Superior del Estado, totalmente desprestigiada por su actuación en la revisión de las cuentas públicas, “no deja de ser un triunfo de la ciudadanía haber conseguido esa resolución”.
“Yo esperaría de la Auditoría Superior del Estado, sin hacerme muchas ilusiones por su puesto, que aplicara las sanciones que correspondan, no sólo contra el uso de la palabra gallardía, sino todos los actos ilegales en los que ha incurrido Gallardo para preparar una eventual participación en los próximos procesos electorales”, señaló.
Lamentó que en el caso del actuar de la ASE, que encabeza José de Jesús Martínez Loredo, se tiene el antecedente de la revisión de las cuentas públicas con el caso Sandra Sánchez Ruiz, fantasmal proveedora de medicamentos al Ayuntamiento a quien se pagaron más de 66 millones de pesos en seis meses –tres en el ejercicio 2015–, en el que el Auditor sirvió de tapadera a Gallardo Juárez.
Explicó que el triunfo es que un organismo independiente abordó el tema y ratificó la apreciación de la Comisión de Quejas del propio CEEPAC y concluyó que hay violaciones a la constitución por la promoción personalizada en la que, desde el inicio de la administración, incurre Gallardo Juárez.
“A los ciudadanos nos sigue tocando la carga de insistir y presionar a la autoridad para que haga lo que tenga que hacer”, indicó.
