Por Victoriano Martínez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) será autorizada en la sesión plenaria de este jueves para contratar un despacho externo, no para reponer las auditorías a las Cuentas Públicas 2016 de los 113 entes fiscalizables, sino únicamente para determinar si los informes finales rechazados en la sesión del pasado 29 de junio se apegaron a la legalidad.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Vigilancia el despacho externo será contratado para revisar si los procedimientos empleados por la Auditoria Superior del Estado “se apegaron a los principios de legalidad, posterioridad, anualidad, prosecución del interés público, igualdad, confiabilidad, proporcionalidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe, además de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables”.
En el dictamen, reconocen que el Pleno determinó, el 29 de junio, proponer la reposición de los procedimientos de auditoría empleados, pero consideran que para “estar en posibilidad de presentar de nueva cuenta los informes finales de auditoria, es necesario generar la instrucción específica para los efectos legales posteriores de forma que se ajuste a la legalidad necesaria y garantice a los entes auditables una revisión conforme a derecho”.
El dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria para la sesión de este jueves establece la necesidad de contratar un despacho externo que revise los procedimientos aplicados para la elaboración de los informes finales sometidos y rechazados por el Pleno para determinar los casos específicos sobre los que deba reponerse totalmente la auditoría.
“En los casos, donde la revisión externa e independiente encuentre que no haya habido apego a los procedimientos de auditoria, se deberá reponer el procedimiento general de auditoria, previo informe al Pleno del H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia”, advierte en el segundo punto del dictamen.
Como parte del dictamen, se ordena a la ASE facilitar la información necesaria al despacho externo, así como a la Contraloría Interna de la Auditoría revisar “en paralelo la actuación del personal que haya participado en los procesos de fiscalización superior, y de ser el caso, aplique las medidas disciplinarias a que haya lugar”.
La Comisión de Vigilancia le da un plazo de 60 días al despacho externo para entregar “un informe independiente, mismo que será anexado a cada informe final de auditoria, que deberá ser enviado a la Comisión de Vigilancia para su posterior presentación al Pleno”.
