Por: Eduardo Delgado.
Apenas este lunes, diez días después de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) acreditó la violación a la Constitución de parte del alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, por promocionarse con recursos públicos, ese organismo notificará su resolución a todos los actores involucrados en el procedimiento sancionador, medida esperada por el Partido Acción Nacional (PAN) para impugnar, en desacuerdo porque el asunto fue remitido a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y no al Congreso local.
En sesión ordinaria celebrada el pasado día seis del mes en curso, el CEEPAC determinó que Gallardo Juárez violó el artículo 134 constitucional al incurrir en promoción personalizada por el uso de la palabra “Gallardía” en propagada del Ayuntamiento y acordó turnar el expediente a la ASE, órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado, para que deslinde responsabilidades y defina las sanciones correspondientes.
Laura Elena Fonseca Leal, presidenta del organismo electoral, reportó que apenas este lunes “estaremos en el proceso de notificación” del resolutivo aprobado hace diez días, porque el documento final “requería adecuarse” y además “esperamos (para anexarle) el voto particular” del consejero Rodolfo Aguilar Gallegos.
Una vez notificados, añadió, todos los actores involucrados en el Procedimiento Sancionador Ordinario dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para impugnar en caso de que estén en desacuerdo con la determinación del CEEPAC.
La representante de Acción Nacional en el órgano rector de los comicios electorales, Lidia Argüello Acosta, anticipó que ese instituto político rebatirá la resolución porque consideran que el expediente no debió ser remitido directamente a la ASE.
“Este caso debe ir primero al Congreso y este remitir a la ASE, que deberá devolver su dictamen al pleno del Congreso para que este sancione”, opinó.
Expuso que el consejo electoral no ha enviado el expediente a la Auditoría Superior del Estado, encabezada por José de Jesús Martínez Loredo, porque su resolución “aun no queda firme”, porque los involucrados en el proceso sancionador “tenemos la posibilidad de impugnar”, para que se modifique la resolución respecto de la autoridad que debe determinar la sanción.
Argüello Acosta sostuvo que su partido confía “plenamente” en las instituciones e independientemente de que sea el Congreso, la ASE u otro ente, el que tenga que sancionar, y sin importar tampoco quienes estén al frente de cada una de ellas.
