Por Victoriano Martínez
La renuncia de Martha Orta a la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) por su participación en el caso de las empresas “fantasma” que facturaban para los exdiputados es el segundo ejemplo de lo que, desde la ciudadanía, se debe hacer contra quien tiene señalamientos de corrupción
En marzo pasado fue la exdiputada Rebeca Terán quien se vio obligada a dejar el cargo como coordinadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Ciudad Valles por la misma razón.
Los dos casos tienen en común que no existieron denuncias en su contra, sino que fue la Auditoría Superior del Estado la que detectó su participación en las maniobras irregulares y les requirió la devolución de recursos.
¿Dónde se encuentran los demás ex diputados involucrados en esos hechos tan vergonzosos?
Alejandro Segovia, José Belmares, Ricardo García Melo, Enrique Flores, Jorge Luis Díaz Salinas y Guillermina Morquecho, fueron señalados como ex diputados que se negaron a devolver lo que la ASE les requirió. Segovia hoy es alcalde en Matehuala, lo que implica el aval de una mayoría ciudadana para que ocupe el cargo.
Mariano Niño Martínez, Héctor Mendizábal Pérez, José Luis Romero Calzada, Xitlalic Sánchez Servín, Dulcelina Sánchez, Enrique Alejandro Flores Flores, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Fernando Chávez Mendez, Héctor Meraz Rivera, Josefina Salazar Báez, Sergio Enrique Desfassiux Cabello y Oscar Bautista Villegas enfrenten denuncias penales.
Salazar Báez y Bautista Villegas gozan de la misma situación que Segovia en Matehuala, pero ellos como diputados federales de mayoría. Tres casos de lamentable aval en las urnas por parte de la ciudadanía.
Entre los denunciados aparece Fernando Chávez Méndez, quien hoy ocupa la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no con un aval ciudadano como quienes ganaron en la elección de hace un año, sino que, igual que en los casos de Terán y Orta, por determinación de un una autoridad superior.
José Antonio Enríquez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, convocó hace un año en un foro anticorrupción organizado aquí a “apestar socialmente a los corruptos”.
Al trato hoy recibido por dos ex diputadas es en parte a lo que se refería, y es el trato que tendría que estar la sociedad pendiente de aplicar a los exdiputados señalados.
A aquellos que repiten en cargos de elección popular a señalarlos públicamente para que la sociedad se percate de su error y no los vuelva a votar, en tanto que a quienes sean designados en otro cargo público a exigir la reconsideración como ya se hizo con Rebeca Terán y con Martha Orta.
Resulta indispensable un seguimiento puntual de la trayectoria que quienes son señalados por corrupción, para dejar constancia de ese repudio social.
El nombramiento de Chávez Méndez no ha sido blanco de reclamos.
Dos ex diputados y una exdiputada siguen en cargos públicos por elección popular; dos ex diputadas han tenido que dejar sus cargos por las protestas… ¿qué hace diferente el caso de Chávez Méndez?
La lista de los ex diputados, como de todos aquellos señalados por corrupción, tendría que estar en un tablero público para que, en el momento en que sean considerados para un nuevo cargo, se les repudie como “apestados sociales”, para seguir la recomendación de un representante ciudadano en un sistema anticorrupción.
