Abelardo Medellín
En una audiencia que duró dos horas y media en la que no se desahogó ni un solo testigo, se determinó aplazar por quinta vez el juicio contra Alejandro N., exfuncionario del DIF estatal acusado de violación agravada contra un menor de edad.
Tras haber transcurrido apenas dos horas de la audiencia celebrada este jueves 1 de septiembre, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado anunció a las partes que el juicio se volvería a aplazar debido a que uno de los jueces tenía agendado otro juicio oral que estaba por comenzar.
El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento expresó que este tipo de asuntos se deben a los diversos juicios que se agendan de acuerdo con el Sistema de Gestión del Poder Judicial del Estado.
Ante el anuncio del aplazamiento, el imputado, Alejandro N., se mostró notoriamente molesto y pidió la palabra, hecho que no había sucedido durante todo el juicio.
En su manifestación, Alejandro N. solicitó a los jueces que agendaran más de un día para las próximas jornadas y que no solo fijaran una sesión de desahogo de pruebas.
De igual manera, pidió que los jueces compartieran sus agendas y asuntos pendientes con los abogados, para que así la defensa tuviera claro cuánto tiempo tendría por jornada y así decidir cuántos testigos llevar.
Alejandro N. expresó que si su defensa hubiera sabido que serían atendidos hasta la una de la tarde, en lugar de llamar a siete testigos, se hubieran limitado a llamar a dos.
“El que está aquí detenido soy yo (…) yo quiero estar fuera de este lugar”, dijo el imputado a los jueces.
En su intervención, el representante en suplencia de la víctima, adscrito a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), aseguró que este nuevo aplazamiento era un agravio y afirmó que los retrasos que ha sufrido el caso, si bien son comprensibles dado que responden a cuestiones técnicas, también transgreden los derechos de la víctima.
“Es la enésima vez que se atrasa (…) cada vez más se atrasa y más se aplaza y va contra los intereses del niño”, afirmó.
Posteriormente, Alejandro N. respondió que dichos comentarios parecían aludir a que la defensa tuvo la culpa, lo cual fue negado por el representante de PPNNA y finalizo diciendo: “Él sólito se puso el saco“.
El juicio se ha tenido que posponer por diversas razones como: una solicitud de tiempo para que el asesor jurídico revise el caso, el periodo vacacional del Poder Judicial, la falta de disponibilidad de las salas y el contagio de covid-19 de un juez.
Décima segunda jornada: la introducción de nuevas pruebas
Al iniciar la jornada de este jueves 1 de septiembre, el operador de sala notificó haber recibido un oficio de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en el que la dirección jurídica informaba que tanto el asesor jurídico anterior como el que actualmente se encarga del caso, estaban apersonados para asesorar a la víctima.
Lo anterior, luego de que en la última de las jornadas, el asesor jurídico que estuvo presente en el juicio desde junio pasado fue suplido por un asesor distinto.
Antes de llamar a uno de los cuatro testigos que ya esperaban en el área designada para ellos, la defensa de Alejandro N. solicitó incorporar una prueba y una prueba de refutación que, según el abogado del imputado, permitiría demostrar que el estudio proctológico presentado por una médico legista de la Fiscalía General del Estado tendría información falsa.
Esta prueba nueva consta de un archivo de nueve fotografías del estudio proctológico realizado a la víctima y de cuatro fotografías de referencia para revisar cómo se ve una zona anal con lesiones por violación.
La defensa del imputado solicitó incorporar las fotografías como prueba, proyectarlas para su revisión e incluso solicitó volver a llamar su testigo, un médico coloproctólogo, que rindió testimonio en la sesión pasada.
Las fotografías del estudio realizado a la víctima fueron entregadas por la propia Fiscalía el pasado 26 de agosto, luego de que en la jornada del 18 de agosto un ministerio público hiciera mención de ellas y los jueces ordenaran otorgar dicho registro fotográfico a la defensa, cuya existencia ignoraban.
Según la defensa del imputado, la Fiscalía ocultó dichas imágenes “con dolo”, de forma perniciosa y, además, dijo que dicho ocultamiento ponía en duda la providad de la médico legista que hizo el primer estudio a la víctima.
La Fiscalía pidió enfáticamente que no se admitiera la prueba ya que esta no representa un elemento “novedoso”, puesto que, en jornadas anteriores, se mencionó el aparato con el que fueron capturadas las imágenes y era trabajo de la defensa haber solicitado entonces el material.
De igual manera, el agente del ministerio público aseguró que las cuatro imágenes de referencia donde se podrán ver lesiones anales de violación, no fueron acompañadas por el consentimiento de las víctimas a quienes les tomaron dichas fotografías.
Ante este argumento, el abogado de Alejandro N. comentó que no se puede saber si esas fotografías son de víctimas o de algún otro lado; sin embargo, el abogado de la víctima señaló que en la parte superior del documento donde se adjuntaron las fotografías de referencia, aparece una leyenda que alude a que dichas imágenes son de “víctimas”, hecho que este medio pudo corroborar.
Tras la discusión que provocó la presentación de esta nueva prueba, los jueces dictaron un receso para deliberar, mismo que se extendió por más de una hora y media.
Al volver, los jueces informaron que encontraban la petición de la defensa como legítima y por ello admitieron integrar estas fotografías como nueva evidencia.
“Lo dable es que se admita este órgano de prueba”, dijo el juez presidente del Tribunal, quien se comprometió a realizar una justificación pormenorizada de la decisión.
La Fiscalía solicitó que se les permitiera llamar de nuevo para interrogar a la médico legista que realizó el primer estudio, para que sea ella “quien se haga cargo de las imágenes ofertadas por la defensa”.
Al final de la jornada que duró menos de tres horas, ninguno de los testigos pudo pasar a declarar.
