Por Victoriano Martínez
Durante los gobiernos municipales que concluyeron el pasado mes de septiembre la tarifa que aplicaron a las copias simples se convirtió en una de las estrategias para inhibir el derecho de acceso a la información pública a tal grado que hubo casos que aplicaron costos verdaderamente inaccesibles, como los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
El costo de las copias simples se convirtió así en un parámetro del grado de apertura informativa de los ayuntamientos: a menor costo mayor voluntad de transparencia, en tanto que mientras más caras establecieron el costo de las copias más clara era su opacidad.
De acuerdo con las leyes de ingresos municipales todavía vigentes hasta el 31 de diciembre, el ayuntamiento con mayor opacidad es el de Soledad de Graciano Sánchez, cuya tarifa por copia simple es una UMA (Unidad de Medida y Actualización), que equivale a 80 pesos con 60 centavos.
En el polo opuesto se encuentra el municipio de Zaragoza, donde las copias simples para atender solicitudes de información se entregan de manera gratuita. Dos municipios, San Martín Chalchicuautla y San Vicente Tancuayalab, cobran a 50 centavos la copia simple.
El artículo 165 de la Ley de Transparencia establece que “en caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información…”.
En el caso de la capital del Estado, existen negocios que cobran a 35 centavos la copia simple, e incluso según el volumen de copias a reproducir, bajan la tarifa a 30 centavos.
De los 58 ayuntamientos, 22 cobran las copias simples entre un peso y 1.60 pesos. Diez ayuntamientos las cobran a dos pesos. Entre más de dos pesos y menos de tres, las cobran 11 ayuntamientos, en tanto que entre más de tres y menos de cinco pesos las cobran en seis ayuntamientos.
Diez ayuntamientos cobran las copias simples de 5 pesos y más, con casos extremos de Soledad de Graciano Sánchez con 80.60 pesos y San Luis Potosí con una tarifa de 40.30 pesos por copia simple.
Los ayuntamientos de Alaquines, San Antonio y Tanlajás cobran la copia simple a 10 pesos, en tanto que en Matehuala la cobran a 25.15 pesos y en Charcas a 37.60 pesos.
Seis de los 58 municipios (Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Matehuala, Cerritos, Villa Juárez y Villa de Reyes) expresan en UMA la tarifa por las copias simples, en sus leyes de ingresos.
Esta forma de inhibir el derecho de acceso a la información pública de las pasadas administraciones dejó ver el perjuicio en el debate público de asuntos de interés general así como de la detección de probables actos de corrupción, al impedir –por oneroso– el acceso a documentos clave para la discusión pública.
Uno de esos casos fue el costo que la administración de Ricardo Gallardo Juárez le puso al expediente sobre el caso Panavi, en abril de 2017, en el apogeo de la discusión sobre su solicitud de incrementar el contrato municipal con esa empresa en más de 212 millones de pesos: 50 mil 609 pesos por mil 341 copias.
Más reciente, el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez requirió a una solicitante el pago de 20 mil 391 pesos por la copia de 253 facturas pagadas entre el 1 de enero y el 14 de agosto del 2018ª una proveedora de paquetes de útiles escolares.
Este fin de semana, los ayuntamientos que recién iniciaron su gestión habrán presentado al Congreso del Estado sus iniciativas de leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, en las que la forma en que hayan ajustado o mantenido la tarifa de las copias simples por solicitudes de información marcará su grado de convicción por la transparencia.
