Por Victoriano Martínez
El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aprobó este jueves su proyecto de presupuesto de egresos para 2023 por un monto de 47 millones 445 mil 192.73 pesos, en una sesión virtual en la que sólo votaron a favor tres consejeros y la presidenta del organismo, seis se abstuvieron y un consejero más no pudo votar por perder la conexión a la reunión.
El principal motivo de la abstención de los seis consejeros consistió en la falta de información en el documento, además de que se les hizo llegar la propuesta el 5 de octubre para votarla el día 13, lo que consideraron poco tiempo para analizar su contenido, sobre todo porque además no les proporcionaron la información faltante con suficiente oportunidad.
Los consejeros de la CEDH “encontraron falta de justificación y planeación en muchas áreas en donde se hace asignación, pero tradicionalmente no se llevan a cabo acciones ni se tiene ningún gasto”, expuso en un comunicado Catalina Torres Cuevas, consejera propietaria de la CEDH.
“Encontramos entonces que a muchos rubros se les inflaba el presupuesto para, según decían “prorratear”. En realidad, para nosotros eso significa guardar dinero en algunos rubros, para tener dinero para otras cosas”, explicó la consejera.
Mencionó como ejemplo que para el Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad fue asignada la cantidad de 71 mil pesos cuando ese mecanismo no opera y en consecuencia no genera ningún tipo de gasto para la Comisión.
Otro caso, comentó, fue la asignación de más de 90 mil pesos para el premio estatal de derechos humanos, cuando el monto que se entrega es de 35 mil pesos. La forma en que justificaron la diferencia fue argumentar que la ceremonia era costosa porque “el gobernador pide que haya pantallas y para que él pudiera estar presente en la premiación, se necesitaba poner todo eso”.
Señaló que desde la perspectiva de los consejeros hay un problema serio porque el Consejo no es tomado en cuenta y ha sido minimizado en todas las acciones que lleva a cabo la CEDH.
Mencionó como un efecto negativo de esa poca consideración que se le tiene al Consejo el hecho de que durante la gestión de Jorge Andrés López Espinoza se promovieron ocho acciones de inconstitucionalidad contra determinaciones del Congreso del Estado y “se ganaron todas”, en tanto que con Giovanna Argüelles Moreno sólo se presentó una al comienza de su gestión.
“Durante la administración pasada de la CEDH, la de Jorge Andrés, a regañadientes, pero llegamos a hacer varias acciones de inconstitucionalidad referentes a leyes que elaboraron en el Congreso y que violaban la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad”.
“En esta administración de la CEDH sólo se ha llevado a cabo una acción de inconstitucionalidad y fue cuando estaban todavía los diputados de la legislatura pasada. Durante el tiempo que ha estado la presente Legislatura, la presidenta se ha negado a hacer cualquier acción de inconstitucionalidad, a pesar de que las malas prácticas de los diputados siguen”, dijo.
Mencionó que en estos momentos la nueva Ley Electoral viola el artículo 4.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se encuentran dentro del plazo para interpones la acción de inconstitucionalidad, pero, al igual que en las otras ocasiones, Argüelles Moreno se ha negado a impugnarla.
Torres Cuevas mencionó que al menos en tres ocasiones los integrantes del Consejo de la CEDH han solicitado a Argüelles Moreno iniciar acciones de inconstitucionalidad y, al tratarse de una determinación discrecional de la presidencia del organismo, se ha negado.
“En mi opinión no quiere molestar a los congresistas”, dijo.
El proyecto de presupuesto para 2023 de la CEDH contempla el mismo monto que le fue autorizado para este año.
