Fernanda Durán
A partir del mes de abril de este año las atribuciones en materia archivística de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) pasarán al Archivo General del Estado, así como al Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha Cordero”.
Este martes 30 de enero, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de reformas a la Ley de Archivos del Estado con 25 votos a favor, por el cual la CEGAIP deberá entregar al Archivo General del Estado y al Archivo Histórico del Estado las copias de inventarios de expedientes, así como los documentos de archivo y demás instrumentos que haya recibido, administrado o generado en ejercicio de su función como autoridad en materia de archivos desde 2020.
El 15 de junio de 2019 entró en vigor la Ley General de Archivos que tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.
De acuerdo con el legislativo, como parte de su armonización en la legislación local fue expedida la nueva Ley de Archivos para el Estado durante 2020 que resultó errónea al dar el carácter a la CEGAIP como órgano regulador, rector o supervisor en materia archivística, dotándola de una naturaleza y atribuciones similares a las del Archivo General de la Nación.
En cambio, ni la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni la Ley General de Archivos dan atribución alguna en materia archivística al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como a los órganos estatales, “razón por la cual debemos considerar que la CEGAIP en su carácter de instancia homóloga en San Luis Potosí al Inai, debe limitar su actuación y consolidarse como órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en nuestra entidad federativa”.
