Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó la desaparición la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Evaluación y Control (UEC), por lo que será sustituida por el nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado, y trasladará al equipo operativo de la UEC a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Con 20 votos a favor, una abstención y tres en contra, las y los diputados aprobaron que el Instituto sea el órgano técnico de fiscalización superior del Poder Legislativo, el cual tendrá entre sus funciones la evaluación de los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, además de comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos de egresos.
Una vez que las reformas a los artículos 53, 54, 57, 124 BIS, 125 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, sean avaladas en la mayoría de los cabildos, entrará en vigor el decreto y con ello el resto modificaciones a leyes secundarias en las que se contemple este órgano, además que se expedirá la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Con la reestructuración se modificaron los plazos en el procedimiento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de las 114 entidades fiscalizadas del 15 de marzo al último día de febrero. Mientras que se amplió el plazo para que el instituto concluya la revisión, al pasar del 31 de octubre del año de su presentación, al último día del mes de noviembre.
Entre los cambios destacados por las dictaminadoras, en la exposición de motivos, se mencionó el establecimiento de nuevos requisitos y bases para el nombramiento de la persona titular del Órgano Técnico de Fiscalización, ahora por un periodo de nueve años sin oportunidad de reelección; la modificación de la denominación, conformación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia y fortalecimiento de sus atribuciones.
También señalaron la reformulación del tipo penal del delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, relacionado con la omisión de presentar al Congreso del Estado la Cuenta Pública y la reestructuración del recurso de reconsideración, es decir, el medio de impugnación.
La nueva ley incluirá la implementación de la revisión y fiscalización en tiempo real del ejercicio fiscal en curso por medio de una firma electrónica, que según los integrantes de la Comisión se implementará de manera gradual debido a la capacidad de los entes auditables.
Además de la precisión de los plazos y las etapas del procedimiento de determinación de acciones derivado de la revisión; los criterios para la imposición de multas, y el fortalecimiento de las atribuciones del Órgano Interno de Control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, acompañado de la extinción de la UEC.
“A esta Legislatura le fue heredado un órgano de apoyo disfuncional por su deficiente integración y por demás caro de acuerdo a su estructura orgánica; de ahí que resulte necesario emprender acciones inmediatas para corregir el rumbo, y dotar así a la Comisión de Vigilancia de servicios de asesoría técnica en materia de fiscalización, pero acordes a la realidad y disponibilidad presupuestaria del Congreso del Estado”.
Discusión en Pleno
Durante el debate del dictamen, la diputada Gabriela Martínez Larraga cuestionó sobre la afectación presupuestaria de este proyecto, al implementar la firma electrónica avanzada para la fiscalización en tiempo real, como se requiere en otras iniciativas, pero no obtuvo respuesta.
Entre sus preguntas sin respuesta, también señaló que en la ley se establecerán más requisitos para los coordinadores del instituto que para su titular.
Martínez Larraga pidió atención en el por qué se sumaron 12 turnos de iniciativas, ya que no todos se vieron reflejados en la legislación y su análisis es complejo para sólo 48 horas desde su publicación en la gaceta parlamentaria, puesto que van de la página 34 a la 320 de la gaceta de la sesión extraordinaria 13 de este 24 de agosto.
Por su parte, el diputado Mauricio Ramírez Konishi puso en duda las razones que llevaron a sumar todos los dictámenes junto a la reforma constitucional; a la vez pidió acotarse al proceso legislativo con “pulcritud”.
El legislador José Luis Fernández Martínez argumentó que se trata del órgano apéndice del Congreso, por lo que justifica el querer “fortalecerlo” donde también se garantizará un servicio profesional de carrera, además de que la ley entrará en vigor después de las modificaciones constitucionales.
“Artículo por artículo lo fuimos analizando, todos los legisladores y legisladoras tuvieron la oportunidad de expresar lo que pensaban y lo que querían, en ese momento hicimos las modificaciones que acordábamos (…) Nada más que cayó en el periodo de receso y algunos de mis compañeros no estaban, andaban en otro lado”.
El diputado Edmundo Torrescano, integrante de las dictaminadoras, aseguró que las comisiones de Vigilancia y Puntos Constitucionales acordaron una coordinación para generar el andamiaje legal, y que separar las modificaciones entre constitucionales y leyes secundarias generaría una laguna legal en su expedición.
“No es la gran reforma que tal vez esperamos a nivel nacional, pero creo que es un avance importante para brindar transparencia”.
