Arely Torres-Miranda
Marcela alemán, madre de una niña agredida sexualmente en 2017 en un colegio y Silvia Castillo, madre de Alan, joven asesinado en 2019, ambos terribles casos ocurridos aquí, en San Luis Potosí, decidieron manifestarse en el edificio de la CNDH y ahí, todo comenzó. El día 4 de septiembre feministas organizadas de diferentes colectivas, tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada en República de Cuba #60 en el Centro Histórico de la ciudad de México, esto como respuesta las omisiones e irregularidades en los procesos de diferentes dependencias federales, estatales y municipales y ante el incremento de casos de violencias de género y feminicidios, así como la pasividad de las dependencias responsables, aunado a la persecución, criminalización, censura y represión del movimiento feminista.
No sé ustedes, pero no me puedo imaginar la desesperación y el dolor que llevó a Marcela a amarrarse a una silla en la CNDH para exigir justicia, una justicia que como dijo ella: “mi niña es una niña que merece ser defendida por los derechos humanos, pero no, todo un Estado del ha pisoteado sus derechos, ha hecho con ella lo que quiere y no solo por L., si no por todas las niñas y todos los que son víctimas, ya basta”.
Les platico con la información que hasta ahora tengo, curiosamente, no he encontrado mucho en los medios locales, pero el 6 de marzo de 2017, Marcela, madre de L. (niña de 5 años) refiere que la menor llegó con la ropa embarrada de excremento, no quiso comer y pidió que ya no la llevaran a la escuela, al preguntarle que ocurría, la menor respondió que las “maestras malas” le pegaban con algo “adentro”, inmediatamente acudieron a una ginecóloga quién las refirió a la Subprocuraduría Regional de la Zona media, y ahí les remitieron a la entonces Procuraduría General de Justicia, la ahora fiscalía, donde un médico legista la revisó sin ningún protocolo por ser menor de edad y quién determinó como cita en el acta, que había sido abusada sexualmente. Su padre y su madre interpusieron una denuncia que desencadenó una investigación de más de tres meses que incluyó la realización de un retrato hablado para posteriormente darse el reconocimiento fotográfico por la menor, la descripción de los hechos y además, las autoridades declaran que contaban con los videos de las cámaras de la escuela que encuadraban con las declaraciones realizadas por la niña, apuntando estos imperdonables hechos a que se cometieron por docentes del Instituto Luis Gonzanga Urbina, La familia de L se acercó también a buscar apoyo en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) donde refieren revictimización por parte del todavía titular Jorge Vega Arroyo, de quién refieren que al solicitarle apoyo económico para traslados, les respondió “aquí no hay apoyos de nada”, tengamos esto presente ahora que está sobre la mesa la designación de titular y Jorge Vega pretende una “no reelección” pero sí permanecer en el cargo.
Como resultado de este proceso, solo una de las dos mujeres identificadas fue procesada y poco después puesta en libertad, esto, como un hecho de evidente corrupción por parte del entonces Fiscal Fernando Lamoine, quien fuese removido de su cargo por diversas denuncias. Durante el proceso, la madre de la menor, denuncia que hubo intimidaciones, amenazas y que incluso los medios locales, así como portales en redes sociales difundieron información falsa, datos de la familia e información de la víctima, sin importarles que se trate de una menor de edad de tan solo cinco años. La familia optó por buscar la atención psicológica por su cuenta donde la niña L., refirió ser sacada del colegio y forzada a tener relaciones sexuales. No olvidemos tampoco el nombre del IV visitador, Juan Jesús Mireles Palacios y los jueces Zamay de la Soledad, Giovanni Efrén Camarillo y José Luis Ortiz quienes declararon el auto de formal libertad de la implicada porque “las pruebas no estaban claras”, esto a pesar de tener un dictamen médico y psicológico, más el reconocimiento por el video de la escuela y las fotografías.
Esta colaboración me va a quedar muy larga y ofrezco una disculpa por ello, pero no quiero omitir ningún dato, por lo cual me parece pertinente señalar, que en 2015, ante la solicitud de la declaratoria de Violencia de Género realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el aún (aunque pareciera inexistente) gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras Lopez, declaró ante medios de comunicación que “con o sin alerta, trabajarían para erradicar la violencia contra las mujeres” y ha emitido una cantidad enorme de palabras vacías, convirtiendo en demagogia la obligatoriedad que por ley tiene, de garantizar a las mujeres, una vida libre de violencia. No es esta la primera vez que queda evidenciada la falta de capacidad, preparación, voluntad política o mera ética que existe en la procuración de justicia en nuestro estado. Son incontables ya, los casos en que las víctimas o las sobrevivientes de violencia, en esta búsqueda de justicia son sometidas a una revictimización, humillación y falta de respuesta de las autoridades. Le apuestan a que no pase nada. Este caso que ha encendido la sede nacional de los Derechos Humanos, es resultado de esa indiferencia, ingobernabilidad y mezquindad de las autoridades.
Pero esta vez se han encontrado con mujeres valientes y organizadas dispuestas a todo por acceder a sus derechos. No se nos olvide esto, no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que cumplan con la obligación legal del cargo público que ostentan (y del salario que cobran). La mamá de L., junto con muchas, muchísimas mamás en el país, se han tenido que convertir en investigadoras y abogadas ante la falta de personal e interés de las instancias que deberían garantizar esta atención. ¿Dónde están los millones de pesos invertidos en las alertas de género? ¿Dónde están los resultados de las miles de capacitaciones realizadas desde el 2008 para la implementación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia?
“¡No son las formas!” dicen algunas personas desde sus casas, “¡es vandalismo!” dicen otras voces, “¡no ganan nada!” dicen quienes nunca han tenido que poner el cuerpo ante el dolor de la violencia y la indiferencia de las autoridades, pero lo peor es escuchar a un personaje como el autollamado “presidente de los pobres” asegurar que la digna rabia organizada de las mujeres atravesadas por la violencia y las omisiones institucionales, es “vandalismo” o “asunto político magnificado por la prensa conservadora” y se atreva a dolerse por la intervención sobre la pintura de Francisco I. Madero alegando que “quien conoce la historia sabe que debemos guardarle respeto”. Ya en ocasiones anteriores Andrés Manuel López Obrador había dejado ver su misoginia interiorizada y su ginopia crónica al referirse sobre la grave crisis de violencia contra las mujeres que existe en el país. ¿Falta de respeto rayar una pintura? Falta de respeto es bajo la investidura presidencial decir que las llamadas al 911 son falsas, falta de respeto recortar los presupuestos para implementación de políticas públicas con perspectiva de género y erradicación de las violencias y feminicidios, falta de respeto es minimizar el dolor de las madres, hermanas y amigas de miles y miles de víctimas de feminicidio en este país. Falta de respeto es convertirse en el principal enemigo de las mujeres en este país. El cuadro de Francisco I. Madero fue también intervenido por una niña víctima de abuso sexual que no ha tenido acceso a justicia. Vaya si se atreve y le alcanza el valor, Señor Presidente, a hablarle a ella de cuidar las formas y del respeto cuando ha sido revictimizada por las autoridades que deberían de protegerla.
Las compañeras han convertido el edificio que albergaba la sede de una institución inútil, en un refugio para las víctimas y han hecho un llamado para las madres de las víctimas que necesiten el apoyo de una despensa, que puedan pasar al ahora dignamente renombrado OKUPA NI UNA MENOS MÉXICO, presentándose con una copia de su carpeta de investigación. También nos toca, a quienes no estamos ahí, arroparlas y acompañarlas, ellas están recibiendo donaciones para seguir ayudando. Ese edificio se ha convertido en lo que la Comisión de Derechos Humanos debería de ser, un refugio solidario de acompañamiento y protección para las víctimas en este país. Y que no les vendan el cuento que por esta legítima protesta no se pueden atender otros casos, la CNDH en la CDMX tiene al menos otra sede ubicada en Periférico Sur.
¿Ahora entienden a lo que nos referíamos en las marchas cuando gritábamos “la revolución será feminista o no será”? Bueno, la llama está encendida, ahora el miedo cambió de bando.
*quienes quieran apoyar al movimiento, contacte a su feminista de confianza para los datos de donación y apoyo para las valientes compañeras*
