Por Victoriano Martínez
Si ves las tarjetas del candidato vecino judicializar… apresúrate a las del contrincante local ir a denunciar.
Desde hace 16 días, Astrolabio Diario Digital hizo pública la maniobra de la campaña de Ricardo Gallardo Cardona de repartir la tarjeta La Cumplidora con una clara intención de manipular el voto a su favor: actívala el 6 de junio para que comiences a cobrar 4 mil 500 pesos bimestrales a partir del 26 de septiembre.
El mismo día de la publicación, Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, aseguró que el área jurídica de su partido inició un análisis sobre la posibilidad de presentar una denuncia.
Después de 15 días y una denuncia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador por un caso similar en Nuevo León, donde Adrián de la Garza Santos, candidato del PRI-PRD a gobernador, ofrece una tarjeta rosa que igual se activaría el 6 de junio para que a partir de su llegada al gobierno las beneficiarias recibieron mil 500 pesos bimestrales, el PAN potosino denuncia La Cumplidora.
“El @PANSLP solicitamos de la misma manera a la @FGRMexico haga lo conducente en #SLP. La ley debe de aplicar para todos por igual; estamos en contra del terrorismo electoral que en su agenda trae #morena y @lopezobrador_”, escribió este martes Aguilar Hernández en su cuenta de Twitter.
Un pronunciamiento que se da a unas cuantas horas de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de un comunicado, el inicio de expedientes en contra de De la Garza Santos y de Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, con el anuncio de que a la brevedad se judicializarían ambos casos.
De la Garza Santos es señalado por el reparto de una tarjeta similar a La Cumplidora, en tanto que Samuel García por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
Son de conocimiento público el reparto de La Cumplidora por parte de Gallardo Cardona y las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ante la FGR por presuntos delitos por “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. La situación del candidato potosino se equipara con el caso de los dos candidatos en Nuevo León.
Si allá se anuncia la judicialización en breve de los expedientes de los dos candidatos, resulta lógico que se espere que aquí, donde se le señalan los dos presuntos ilícitos a un mismo candidato, el trato debería ser el mismo. Julio Hernández López, en una edición extra de su videocharla astillada a propósito del anuncio de la FGR fue más allá:
Por ejemplo, yo como ciudadano con credencial de votar para San Luis Potosí, yo nunca he entendido porqué la Fiscalía General de la República nunca ha judicializado con esta premura y velocidad el caso del diputado federal con licencia Ricardo Gallardo Cardona, de quien ampliamente se han difundido las diferentes maniobras que ha realizado para apropiarse de dinero público cuando fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
Ahí no ha habido absolutamente ninguna rapidez a pesar de que el caso tiene años y semanas de que el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha dado a conocer que existen elementos e investigaciones sobre este tema, pero dijo en su momento Santiago Nieto que Palacio Nacional había pedido pausar o pautar, no recuerdo el verbo exacto, este tipo de denuncias y señalamientos.
La observación de Hernández López remite a expedientes sobre los que la FGR desde tiempos en que aún era Procuraduría General de la República (PGR) no ha activado.
La propia resolución de amparo que liberó en diciembre de 2015 a Gallardo Cardona de la cárcel de Ocampo, en Guanajuato, dejó abierta la posibilidad para que la entonces PGR actuara con relación al delito que sí cometió y se describe con lujo de detalle en la sentencia. No lo ha hecho.
Desde el 12 de febrero de 2019 la Fiscalía General del Estado remitió a la FGR el expediente sobre el caso de la compra simulada de medicamentos a la proveedora fantasma Sandra Sánchez Ruiz por parte de Ricardo Gallardo Juárez, padre del candidato. Si bien no está directamente involucrado Gallardo Cardona, es un caso más en el que no se actúa contra la gallardía.
El pasado 10 de diciembre, la FGE turnó a la FGR otro expediente de una denuncia por enriquecimiento ilícito en el que, con las indagatorias de la FGE, se acredita la compra de 118 propiedades por integrantes de la familia Gallardo y sus empresas, en la que sí está directamente involucrado Gallardo Cardona.
Desde hace casi un año se ha informado de investigaciones del gobierno federal sobre los posibles ilícitos de los Gallardo, entre los que destaca que en febrero se conoció el resultado de una investigación que estima en más de 700 millones de pesos los desvíos de recursos públicos en Soledad de Graciano Sánchez y en la capital.
Se trata de expedientes a los que se suman los recientes señalamientos por parte de Santiago Nieto a los que se refiere Hernández López en su comentario y la denuncia presentada por el PAN estatal con relación a La Cumplidora.
Todo un extenso expediente ante el que los dos casos que en Nuevo León han hecho reaccionar con premura y velocidad a la FGR podrían parecer hasta simples travesuras, y sin embargo acá… ni premura ni velocidad.
