Leticia Vaca
La Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que a través de su equipo jurídico buscará que los implicados en la “fiesta fantasma” sean inhabilitados por 20 años para ocupar algún cargo público, pues consideran que los implicados no cubrían requisitos para acogerse a la reparación del daño por un monto de 721 mil 654 pesos.
“Es una causa grave que se configuró como delito, en estos casos, se tendrán que emitir responsabilidades administrativas en contra de quienes fueron denunciados”, señaló la titular de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, a través de un comunicado de prensa en que también se señala que la demanda de inhabilitación deberá de caer en el órgano de control interno del propio organismo fiscalizador y, específicamente en el caso del ex titular, será el Congreso del Estado quien deberá establecer la inhabilitación correspondiente.
De acuerdo con el pronunciamiento de Cervantes Salgado, en ningún momento se estuvo de acuerdo con la reparación del daño, puesto que se consideró que “los responsables no cumplían los requisitos para tener derecho a este recurso legal, en virtud de que al monto desviado de las arcas del organismo fiscalizador corresponde una pena corporal máxima de siete años y seis meses; sin embargo la reparación del daño aplica cuando la pena corporal corresponde a un periodo menor a los cinco años, lo que en este caso no aplicaba”.
Asimismo, se informó que la ASE ya tiene en su cuenta un importe de 350 mil pesos, monto que deberá ser manejado como una ampliación presupuestal y “ejercerse de acuerdo a la normativa vigente, que establece su aplicación a gasto de infraestructura y equipamiento”.
