Angélica Campillo
Raúl Espínola Gutiérrez, representante legal de los padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón, quienes desde un inicio se opusieron a la entrada en funciones de la Subcomandancia Centro, manifestó que es positiva la inauguración del inmueble con el cambio de uso que se le dio, pero lamentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúe siendo omisa y no haya dado seguimiento a las sanciones en contra de ex funcionarios públicos, ya que su construcción no estuvo apegada a la legalidad.
Al respecto, el abogado se dijo satisfecho de poder presenciar que triunfó la razón sobre la terquedad de algunos ex funcionarios que solamente vieron por su beneficio personal al momento de la construcción del inmueble, como se acredita en el dictamen que la ASF emitió en el año 2014 sobre esta obra, en donde se encontró que carece de licencia de construcción, de estudios de impacto vial, de Protección Civil, de mecánica de suelo, no cuenta con el acceso vial suficiente, con planos arquitectónicos, y aunado a ello, se ubica sobre una corriente de agua.
“No les importó ni los policías, ni la vigilancia, ni la seguridad, simplemente era asegurar el dinero que en aquel entonces otorgaba el gobierno federal para combatir la delincuencia localmente. Sin embargo, triunfó el sentido común, la protesta de los padres de familia y es muy satisfactorio presenciarlo, así como el hecho de que hasta internacionalmente se esté relacionando el nuevo destino de la subcomandancia”.
Espínola Gutiérrez refirió que para la ejecución de la obra se designó a una persona desconocida, y de los 18 millones de pesos que costó en total, de los cuales 13 millones de pesos fueron aportaciones federales mientras que los 5 millones de pesos correspondieron a recursos del Fideicomiso del Centro Histórico, se desconoce dónde está físicamente esta última cantidad, no obstante recalcó que lo más importante es que la adjudicación fue ilegal, pues así lo señaló la ASF, pero hasta la fecha, ningún funcionario ha sido sancionado por ello.
“Hay un fideicomiso de un señor que no quiere dejar el poder y quiere seguir siendo protagonista de una ciudad que tiene varios dueños. Este personaje interviene en todos los negocios y esta no fue la excepción, aportó un dinero que no se sabe en qué se invirtió, lo que lleva a pensar que tenemos una memoria muy corta, que lo que pasa el día de hoy se olvida y vuelve a triunfar la impunidad y que los políticos vuelven a ratificar ante la opinión pública que llegan a un puesto para su beneficio, no para servir a quienes votaron por ellos”, aseveró.
Cabe recordar que en el año 2015 el tercer juzgado de distrito en San Luis Potosí y el primer tribunal colegiado del noveno circuito con sede en la misma entidad, ordenaron la suspensión de la obra que inicialmente pretendía albergar una comandancia.
Posteriormente, la síndico del ayuntamiento capitalino de la administración 2012-2015, María Eugenia Rivera Morales, denunció tanto al abogado, como a dos de sus clientes, acusación que fue ratificada por la síndico gallardista de la pasada gestión, María Isabel González Tovar, bajo el argumento de que los tres magistrados del tribunal colegiado fueron engañados.
En ese sentido, Espínola Gutiérrez señaló que la denuncia en su contra, en la actualidad está bajo reserva, no esperando a que sea ratificada por la actual administración sino a que se presenten nuevas pruebas.
La construcción del edificio que albergaría la Subcomandancia Centro comenzó en septiembre del año 2014 y debido a las inconformidades de los vecinos del lugar, la pasada administración municipal solicitó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el cambio de uso de suelo, el cual fue aceptado, por lo que desde este 26 de marzo comenzó a operar como un Centro Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en donde se contará con especialistas en áreas como educación, deporte, salud mental y trabajo social.
