Benazir Valles
Aunque el Consejo de la Judicatura se presenta como un órgano que “vela en todo momento por el respeto a la autonomía del Poder Judicial del Estado, así como por la independencia e imparcialidad de sus miembros”, en la práctica su funcionamiento puede alejarse de esos principios cuando sus integrantes obedecen a otros intereses, y es que entre los aspirantes a representar al Poder Judicial dentro de este órgano se encuentran personajes que han tenido señalamientos fuertes relacionados con corrupción, acoso laboral, acoso sexual, tráfico de influencias e incluso homicidio culposo.
El asesor de los 68 mil pesos
Entre los 11 finalistas para ocupar este puesto se encuentra Guillermo Balderas Reyes, asesor del diputado Edson Quintanar y quien fue impulsado para ocupar el lugar de Marcelina Oviedo Oviedo como oficial mayor del Legislativo.
En marzo de este año, cuando se promovió la salida de quien hasta entonces fungía como oficial mayor en el Congreso del Estado, Marcelina Oviedo, se dio a conocer que tanto el presidente de la Jucopo como el diputado Cándido Ochoa Rojas cabildearon para que se nombrara a Balderas como el sucesor de la funcionaria. Sin embargo, la presión mediática impidió que esto sucediera y el ex consejero del Poder Judicial (2009-2014) permaneció como asesor del legislador de Morena y recibió un aumento salarial, percibiendo actualmente 68 mil pesos mensuales.
Asimismo, a principios de este mes, en entrevista con Astrolabio Diario Digital, una de las trabajadoras que se vio afectada por el desempeño del funcionario dentro del Consejo de la Judicatura, relató una serie de irregularidades por parte de éste.
La víctima denunció que Balderas Reyes les pedía moches a los magistrados para promover permutas y ascensos, “pedía cantidades fuertes para acercarnos de adscripción, para ayudarte o hacerte un favor”, y en caso de no recibir lo que pretendía tomaba represalias en contra de la otra parte.
Ahora, Edson Quintanar lo promueve para volver al Consejo de la Judicatura e incluso ha externado entre sus compañeros que se encuentra respaldado debido a que le garantizaron el apoyo para el consejero de la Judicatura a cambio de apoyar el nombramiento de Jorge Ovidio Robledo como titular de la Unidad de Evaluación y Control.
Señalamientos por homicidio culposo y acoso laboral
Otro de los finalistas es Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, quien busca la reelección como representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura, puesto en el que ha sido acusado de tráfico de influencias y acoso laboral y sexual de parte de compañeras del Poder Judicial.
En 2012, el aún consejero del Poder Judicial fue acusado de homicidio culposo tras haber atropellado a un taxista que se encontraba revisando su unidad en el río Santiago, no obstante logró evadir la acción penal presumiblemente recurriendo a tráfico de influencias.
Dos años después de estos hechos fue nombrado por el Congreso del Estado como miembro del Consejo de la Judicatura.
En 2016, un grupo de legisladores locales impulsó un juicio político en su contra, tanto por los señalamientos de acoso laboral y sexual como por haber sido acusado de tráfico de influencias al salir absuelto luego del accidente automovilístico donde perdió la vida una persona.
Respecto a las acusaciones de acoso sexual, en octubre de 2016, el presidente estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México AC, Juan José Zavala Pérez, señaló que contaba con al menos tres testimonios de afectadas a quienes se encontraban convenciendo de proceder penalmente debido a que, por temor a represalias, preferían mantenerse en el anonimato.
Estos dos personajes ya formaron parte del Consejo de la Judicatura, Guillermo Balderas de 2009 a 2014 y Carlos Ponce de 2014 a la fecha, ambos con una serie de señalamientos dentro de sus funciones, por lo que no cumplirían con el requerimiento indispensable de contar con una moral intachable.
