- Servidores públicos presuntos responsables de pesquisa deficiente: CNDH
Eduardo Delgado
Por presuntas omisiones o irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la investigación de los hechos que derivaron en la muerte de la joven Karla del Carmen Pontigo Luccioto en 2012, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las indagatorias.
Karla Pontigo murió el 29 de octubre de 2012, luego de que la madrugada del día anterior su hermano Fernando Zahid la recogió herida de gravedad del antro “Play Club”, donde trabajaba como edecán y luego de más de nueve años no está esclarecida la causa del deceso.
El martes de la semana anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMITRA), Delfino Peralta Ortega, firmó el “acuerdo de competencia por especialidad”.
El año pasado, la madre de la víctima, María Esperanza Lucciotto López, pidió a la FGR atraer el caso porque cuando sucedieron los hechos, el hoy titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruiz Contreras, era secretario particular de Miguel Ángel García Covarrubias, titular de la extinta PGJE durante parte del sexenio 2009-2015, encabezado por el exgobernador Fernando Toranzo Fernández.
Esperanza Lucciotto planteó además que Julián Ruiz Contreras, hermano del Fiscal, fue el juez que en aquel tiempo liberó la orden de aprehensión por homicidio culposo contra Pedro Vasilakos Reyes, dueño del establecimiento donde Karla sufrió las lesiones mortales.
Según el entonces Procurador de Justicia, la muerte fue a causa de las lesiones que se produjo al chocar con una puerta de cristal y ejerció acción penal contra Pedro Vasilakos Reyes, dueño del establecimiento como responsable de homicidio por culpa.
Antes, el 24 de septiembre de 2021 (penúltimo día del sexenio del exgobernador, Juan Manuel Carreras López) Candy Elizabeth Martell Sandoval, fiscal especializada en Delitos contra las Mujeres en la fiscalía local le solicitó a la Juez Primero de Distrito, Fabiola Delgado Trejo, remitir el expediente a la FGR.
Fabiola Delgado procedió a la consulta y el pasado día 15, el Ministerio Público adscrito a la FEVIMITRA estableció que la indagatoria es relativa a los hechos por los que Karla murió y respecto del actuar “indebido o irregular” en que pudieron incurrir los servidores públicos que intervinieron en las pesquisas.
“En el caso las violaciones consisten en omisiones o irregularidades en las que incurrieron servidores públicos adscritos a la extinta Procuraduría General del Estado”, asentó.
Refirió además que el 11 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso denuncia de hechos en la que señaló como presuntos responsables a:
“María Otilia Sánchez Garibay, José Luis Vázquez Bravo, Rodolfo Carbajal Gómez, José Manuel Ávila Chalita, Lizzet Claudia Ortiz Luque, Cruz Alfonso Morales Pérez, Laura Quiroz Compean, Martín Portales Segura y todos aquellos que resulten culpables”.
Citó que el 13 de noviembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acreditó violaciones a los derechos humanos de la víctima, entre estos el acceso a la justicia, a la verdad, a una vida libre de discriminación y de violencia basada en el género.
Además, apuntó, se trata de un asunto de “gran relevancia e impacto social”, porque “la comunidad no solo nacional, sino internacional, ha dado seguimiento al caso”, para lo cual “basta ver los medios de circulación nacional”.
Por tanto, acotó, es un hecho del que la sociedad espera “con una gran expectativa, la debida actuación de los órganos de procuración e impartición de justicia”.
En el documento se estableció que la investigación fue realizada por personal sin conocimientos técnicos ni la pericia requerida en esos casos.
En ese tenor, el representante social de la FGR resolvió que lo procedente “es que esta Fiscalía especializada conozca el caso en su totalidad”, e indicó que la indagatoria procederá conforme a las normas del fuero común, vigentes cuando ocurrió el caso.
“Deben respetarse las normas vigentes y aplicables en el momento en que ocurrieron los hechos, para continuar con el conocimiento del caso, por lo que lo procedente es aplicar el marco jurídico del Estado de San Luis Potosí, por tratarse de un asunto del fuero común”, precisó.
