Por Victoriano Martínez
Así se reportó el hecho en la Crónica de Ejecutados, de Antonio González Vázquez, correspondiente al mes de noviembre de 2020:
Una joven de 18 años y su hermano de, de 20 años de edad, murieron durante un ataque perpetrado por sujetos fuertemente armados en contra de una agente especial de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Poco después de las cuatro de la tarde, la agente y sus hijos estaban en el interior de un vehículo estacionado en la cochera de la casa de la policía en la colonia La Lomita, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de pronto, el comando, a bordo de un vehículo abrió fuego y tras la ráfaga, huyeron. La agente investigadora resultó herida, pero sus dos hijos murieron en el lugar de los hechos.
Aquellas ejecuciones quedaron registradas entonces como un ataque más del crimen organizado en contra de una integrante de los cuerpos de seguridad.
Otros relatos del hecho mencionan que el entonces comisario de la Policía de Investigación, José Guadalupe Castillo Celestino, coordinó directamente en el lugar las primeras investigaciones tendientes a tratar de capturar a los responsables del cobarde atentado.
Para julio de 2021, la aprehensión de cuatro civiles, tres de ellos ya presos por otros delitos, y un policía de la Dirección General de Métodos de Investigación, que era compañero de la agente atacada, dio un primer giro al caso: el ataque no sólo provenía del crimen organizado, sino que involucraba a personal de la propia corporación.
A poco más de tres años y medio, los detalles que ahora se conocen sobre el caso, presentados en la entrevista que le hizo Marcela del Muro a Rosalinda Ávalos, la agente que fue víctima y perdió a dos de sus hijos, muestran un panorama sobre lo que se vivió entonces al interior de la corporación.
El ataque pasó de ser uno más en contra de una agente policiaca a revelar la capacidad de la delincuencia, no sólo para actuar desde la parte civil, sino la forma en que puede infiltrarse y aprovechar las estructuras policiales con aspectos muy graves: Rosalinda Ávalos mantuvo al tanto de sus superiores sobre las amenazas que recibió de sus propios compañeros.
En aquel momento, la corporación fue incapaz de atender las denuncias de una de sus integrantes, tomar medidas para darle seguridad y prevenir cualquier riesgo, lo que terminó en el atentado en el que perdieron la vida sus hijos Daniela de 18 años y Carlos de 20, y la posterior aprehensión de cinco policías involucrados.
Ver a sus agresores detenidos, sin embargo, no alivió la zozobra en la que, desde las amenazas previas al ataque que sufrió, todavía hoy vive por una circunstancia verdaderamente alarmante en el caso: algunos de los testigos que señalaron a los ahora procesados han sido asesinados.
Hoy nuevamente Rosalinda Ávalos exige seguridad para ella y su hija que le sobrevive ante la posibilidad de que los policías que la atacaron sean liberados por la vía de juicios de amparo.
Los altos mandos de la corporación a la que pertenece Rosalinda Ávalos y de la propia Fiscalía General del Estado ya no son los mismos, lo que no necesariamente modifica la situación de riesgo en la que se encuentra la agente ministerial.
Aunque se pudiera considerar que se encuentra en una situación similar a cuando reportó las primeras amenazas, su condición es muy diferente porque aquellas ya fueron cumplidas y justo lo que debe evitarse es que lo que hoy amenaza su seguridad pudiera concretarse. Así, lo que queda por ver es si la situación de la corporación no ha cambiado.
Los altos mandos de la corporación y de la Fiscalía hoy pueden demostrar que son capaces de dar seguridad a sus propios elementos y, a propósito de aquello del buen juez, ya que la fiscal Manuela García Cázares llega proveniente del Poder Judicial, que, al salvaguardar la seguridad de Rosalinda Ávalos, abra esperanzas de que se procurará la seguridad de todos.
