Por Alejandro Rubín de Celis
La criminalidad incontenible, la corrupción, la impunidad y la simulación forman parte del contexto que rodeó el condenable asesinato del reportero gráfico, Daniel Esqueda Castro, el pasado 6 de octubre.
Al margen del asunto que lo vincula ahora con el crimen organizado en un video, y analizando el caso a la luz de los atentados a la prensa y la protección que a ésta le otorga el Estado, es inconcebible que el joven fotógrafo no haya contado con las medidas de seguridad suficientes y oportunas para salvaguardar su integridad en el ejercicio de su labor periodística, no obstante haber presentado denuncia por amenazas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en julio pasado, y que ese organismo la haya reportado desde entonces a la Policía Ministerial del Estado y al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG), lo que pone de manifiesto el desprecio que en buena medida tienen las autoridades hacia los periodistas, sobre todo hacia los críticos que cuestionan su desempeño público o los colocan en situaciones incómodas.
El subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Aarón Edmundo Castro Sánchez, aunque sostuvo que la instancia a su cargo había cumplido con la responsabilidad que le tocaba, reconoció que no sabía los motivos por los que no se aplicaron los protocolos para brindar la seguridad necesaria al comunicador gráfico, en tanto que el Mecanismo federal se lavó las manos en un comunicado de prensa al lamentar el asesinato y señalar que, el día que desapareció Daniel (un día antes de ser acribillado), ofrecieron a su esposa medidas de protección. ¿Y a él antes de que lo levantaran? Lo que sí está claro es que si se las brindaron no fueron suficientes para proteger su integridad.
El asesinato de Daniel Esqueda Castro, condenado por medios informativos locales y nacionales y por organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, se suma a una larga lista de agravios contra la prensa mexicana y que en el caso de San Luis Potosí ha encendido las alarmas ante el estado de indefensión en el que se encuentran los periodistas.
Astrolabio Diario Digital reporta que la organización Artículo 19, dedicada a proteger la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el mundo, establece en su informe 2016 que San Luis Potosí está entre las 13 entidades del país en las que se documentaron casos de hostigamiento y acoso contra periodistas y entre los 18 estados en los que han consignado casos de privación de la libertad de comunicadores. Hasta el mes pasado, la Comisión Especial para la Atención de Denuncias a Periodistas del Congreso del Estado revisaba 23 quejas de trabajadores de los medios por diversas acciones que vulneran u obstaculizan su labor informativa.
Hay casos de actos o amenazas que se han hecho públicos como el del periodista Omar Niño que denunció advertencias del alcalde Ricardo Gallardo Juárez y las intimidaciones recibidas desde la alcaldía por el periodista Jaime Nava, el activista y comunicador José Guadalupe González, y el dueño del portal de noticias Astrolabio Diario Digital, Miguel Maya. Incluso en estos dos últimos casos el ayuntamiento de la capital clausuró negocios de su propiedad.
Las agresiones y advertencias contra periodistas y comunicadores (más allá de si son honestos y profesionales o no) en sus distintas formas y modalidades, son a todas luces condenables y deben ser motivo de preocupación porque está en juego su integridad física y psicológica y en algunos casos hasta la vida de la persona, que como en cualquier otro asunto tratándose de un ser humano se deben salvaguardar, pero hay un derecho superior que es indispensable proteger en favor de la sociedad: el derecho a libre expresión, que va de la mano del derecho a la información como pilares de cualquier democracia.
Cuando se hostiga, se golpea o se asesina a un comunicador no sólo se causa daño a la integridad física o psicológica o se acaba con la vida de una persona, se amenaza también el derecho fundamental a buscar y recibir información veraz, completa y oportuna que nos permita tomar mejores decisiones, y pone en riesgo ese valor sustancial de cualquier democracia que es la libre manifestación de las ideas y opiniones.
Las amenazas y agresiones a la prensa pueden eventualmente desincentivar la búsqueda de información de interés público que la gente tiene derecho a conocer y derivar en la disminución de la capacidad crítica de periodistas y medios, y orillarlos incluso a la autocensura o a tomar decisiones extremas como lo han hecho varios medios, de dejar de cubrir asuntos relacionados con el crimen organizado para proteger la vida de los comunicadores y de sus directivos y dueños.
Sin información de calidad no hay sociedad que aspire a ser democrática y si los propios ciudadanos no protegen a los periodistas y a los medios que les proporcionan el valioso insumo que representan la información y la opinión de calidad, no deben esperar a que lo hagan los poderes legalmente constituidos o los poderes fácticos, que son los que regularmente los han despreciado y combatido.
